La Organización Mundial de la Salud (“OMS”) presentará dos nuevos textos para su adopción por su órgano rector, la Asamblea Mundial de la Salud, en Ginebra del 27 de mayo al 1 de junio.
El nuevo Tratado contra la Pandemia necesita una mayoría de dos tercios para su aprobación y, una vez adoptado, entrará en vigor después de 40 ratificaciones. Las enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional (“RSI”) pueden adoptarse por mayoría simple y serán vinculantes para todos los estados a menos que hayan registrado reservas a finales del año pasado.
El Tratado sobre Pandemia de la OMS también se conoce como Acuerdo sobre Pandemia y Acuerdo de la Convención de la OMS + (“WHO CA+”).
La OMS describe el RSI como “un instrumento de derecho internacional que es jurídicamente vinculante” para sus 196 estados partes, incluidos los 194 estados miembros de la OMS, incluso si votaron en contra. Ahí radica su promesa y su amenaza.
El nuevo régimen transformará a la OMS de una organización asesora técnica a una autoridad supranacional de salud pública que ejercerá poderes cuasilegislativos y ejecutivos sobre los estados; cambiar la naturaleza de la relación entre los ciudadanos, las empresas comerciales y los gobiernos a nivel nacional, y también entre los gobiernos y otros gobiernos y la OMS a nivel internacional; y trasladar el centro de la práctica médica de la consulta médico-paciente en la clínica a los burócratas de salud pública en las capitales y a la sede de la OMS en Ginebra y sus seis oficinas regionales.
Desde el neto cero hasta la inmigración masiva y las políticas de identidad, la élite de la “expertocracia” está aliada con la élite tecnocrática global contra el sentimiento nacional mayoritario. Los años de la Covid dieron a las élites una valiosa lección sobre cómo ejercer un control social eficaz y pretenden aplicarlo en todos los temas polémicos. Los cambios en la arquitectura de la gobernanza sanitaria mundial deben entenderse desde esta perspectiva. Representa la transformación del estado de seguridad, administración y vigilancia nacional en un estado de bioseguridad globalizado.
Las enmiendas al RSI ampliarán las situaciones que constituyen una emergencia de salud pública, otorgarán a la OMS poderes de emergencia adicionales y ampliarán las obligaciones de los Estados para desarrollar “capacidades básicas” de vigilancia para detectar, evaluar, notificar e informar eventos que podrían constituir una emergencia.
El lenguaje actual de “debería” se reemplaza en muchos lugares por el imperativo “deberá”, de recomendaciones no vinculantes en las que los países “se comprometerán a seguir” las orientaciones. Y el “pleno respeto por la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas” se cambiará por principios de “equidad” e “inclusividad” con diferentes requisitos para los países ricos y pobres, sangrando recursos financieros y productos farmacéuticos de los países industrializados a los países en desarrollo.
Con un modelo de financiación en el que el 87 por ciento del presupuesto proviene de contribuciones voluntarias de países ricos y donantes privados como la Fundación Gates, y el 77 por ciento se destina a actividades especificadas por ellos, la OMS se ha convertido efectivamente en un sistema de patrocinio mundial de la salud pública.
Human Rights Watch dice que el proceso ha estado “guiado desproporcionadamente por las demandas corporativas y las posiciones políticas de los gobiernos de altos ingresos que buscan proteger el poder de los actores privados en la salud, incluida la industria farmacéutica”.
Las víctimas de esta falta de rendición de cuentas en un círculo vicioso serán los pueblos del mundo.
Gran parte de la nueva red de vigilancia en un modelo dividido en períodos pre, durante y pospandemia será proporcionada por intereses privados y corporativos que se beneficiarán de las pruebas masivas y las intervenciones farmacéuticas. El artículo 15.2 del proyecto del tratado pandémico requiere que los estados establezcan “planes de compensación por lesiones causadas por vacunas sin culpa”, confiriendo inmunidad a las grandes farmacéuticas contra responsabilidad, codificando así la privatización de ganancias y la socialización de riesgos.
Los cambios otorgarían nuevos poderes extraordinarios al Director General de la OMS y a los directores regionales y obligarían a los gobiernos a implementar sus recomendaciones. Esto resultará en una importante expansión de la burocracia sanitaria internacional bajo la dirección de la OMS. Por ejemplo, nuevos comités de implementación y cumplimiento; cambiar el centro de gravedad de las enfermedades más comunes y mortales a brotes pandémicos relativamente raros (cinco, incluido el Covid, en los últimos 120 años); y otorgar a la OMS autoridad para dirigir recursos (dinero, productos farmacéuticos, derechos de propiedad intelectual) a sí misma y a otros gobiernos en violación de los derechos soberanos y de derechos de autor.
Además, el nuevo régimen apunta a eliminar la transparencia y el escrutinio crítico criminalizando cualquier opinión que cuestione la narrativa oficial de la OMS y los gobiernos, elevándolas así al estatus de dogma. El tratado contra la pandemia exige que los gobiernos aborden la “infodemia” de información falsa, desinformación, e incluso “demasiada información”. Esto es censura.
Los cambios son un esfuerzo por afianzar e institucionalizar el modelo de control político, social y de mensajes probado con gran éxito durante la pandemia. La gestión de la pandemia durante la pandemia y en futuras emergencias amenaza algunas de las disposiciones fundamentales de la Declaración Universal de Derechos Humanos en materia de privacidad, libertad de opinión y expresión, y derechos al trabajo, la educación, la reunión pacífica y la asociación.
Lo peor de todo es que crearán un incentivo perverso: el surgimiento de una burocracia internacional cuyo propósito, existencia, poderes y presupuestos dependerán de declaraciones más frecuentes de brotes pandémicos reales o previstos.
Sin embargo hay visos de esperanza.
Sin acuerdo sobre el tratado internacional de pandemias
El 28 de marzo de 2024 fue un buen día para el mundo. Después de dos años de arduas discusiones, los países miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) no lograron alcanzar un acuerdo sobre el texto del tratado internacional de pandemias. Las negociaciones se reanudarán en mayo y esperamos que vuelvan a fracasar.
Las multinacionales farmacéuticas siguen presionando a los 194 países de la OMS para aprobar un tratado que amplificará el desastre de los confinamientos, las mascarillas, la distancia de seguridad, el hidrogel, las pruebas de antígenos, los pasaportes de salud, las paranoias, las vacunas…
La novena y última ronda de negociaciones se inició el 18 de marzo y finalizó el 28 sin un texto final. “No están lejos de llegar a un acuerdo”, dijo el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, al finalizar las discusiones en la sede de la organización en Ginebra.
Las discusiones comenzaron en febrero de 2022, y los países tenían como objetivo adoptar formalmente el texto en la próxima Asamblea Mundial de la Salud, que comienza el 27 de mayo en Ginebra.
Pero después de dos años persisten importantes puntos de fricción, y el borrador del acuerdo sigue plagado de un lenguaje provisional entre corchetes que señala posibles alternativas.
Bangladesh, que representa a un grupo de 31 países miembros de la OMS, defiende que la salud pública debe anteponerse a los intereses comerciales y por eso se opone al tratado internacional.
Las discusiones son tanto más difíciles cuanto que, para disimular su privatización, los miembros de la OMS llegan a acuerdos por consenso y encontrar puntos en común lleva muchos años.
Sin embargo, la esperanza de encontrar un acuerdo no está completamente acabada y los países deben decidir si permiten días adicionales de negociaciones, del 29 de abril al 10 de mayo.
La oficina del organismo de negociación intergubernamental, que dirige las conversaciones, redactará un nuevo texto antes del 18 de abril y aspira a finalizar las discusiones antes del 5 de mayo.
Con las modificaciones propuestas, el borrador actual ha pasado de 30 a casi 100 páginas. Algunos participantes quieren que la oficina lo reduzca a sólo 20 para salvar la cara y aparentar que quien aprueba el tratado es una asamblea de países de todo el mundo.
Aunque estas negociaciones llevan dos años y ya se han tumbado varios textos en este tiempo, incluído el del 28 de marzo, no hay que bajar la guardia porque ya hemos advertido de los peligros que supondría tanto la creación del Tratado de Pandemias, como la reforma del Reglamento Sanitario Internacional. Veremos qué sucede en mayo, cuando empiece la Asamblea y una nueva ronda de negociaciones y de votaciones para ambos documentos. Recordemos que el Tratado necesita ser votado en la asamblea pero no así el Reglamento, que saldría del texto definitivo que se apruebe en las negociaciones, y que únicamente necesitaría que se ratifiquen, por mayoría simple, sus enmiendas.
Fuentes