El relato del Pangolín y el control de daños
En estas últimas semanas, las nuevas noticias en torno al complejo industrial farmacéutico se agolpan en las bandejas de entrada de las múltiples redes sociales del equipo de Grupo de Control. No hay tregua. Los eventos de especial relevancia se arremolinan violentamente como si de un tornado se tratase, y cuesta dar abasto a tanta última hora. Unas noticias que para los consejos editoriales de los medios de comunicación de nuestro país no merecen un pequeño espacio en las páginas interiores de los periódicos. Ni un sólo digital se hace eco.
Por ello, aunque sea una labor ardua la que tenemos por delante, es deber ético informar sobre lo que acontece, y hacerlo asequible al lector que se acerque por primera vez a esta colosal trama de engaños, propaganda y medidas totalitarias, impuestas al calor de una urgencia pandémica cuya pertinencia y verosimilitud cada día resulta menos defendible desde la racionalidad. Una trama con cientos de ramificaciones, que conecta los intereses del globalismo filantrópico con el poder político, el poder militar y el poder financiero mediante técnicas de ingeniería social y de control de masas.
Y para que toda esta trama resulte exitosa, es fundamental contar con el poder legitimador de la Organización Mundial de la Salud (OMS), un organismo con apariencia pública, que permita a la opinión pública pensar que todas las decisiones que se toman son por su bien. Pero no adelantemos acontecimientos. Dejaremos el análisis del Tratado de Pandemias para la segunda parte de esta editorial, ese texto por el que la OMS pretende arrogarse la soberanía mundial en Salud Pública con toda opacidad y con una urgencia que, a la vista de los acontecimientos, resulta muy sospechosa. También en la segunda parte trataremos el fastuoso aparato de propaganda y censura que ha crecido en paralelo a la trama, y que es la correa de transmisión por la que el engendro filantrópico globalista llamado Foro Económico Mundial (WEF) disciplina a la opinión pública.
Pero para entender la dimensión del monstruo mediático y político al que nos enfrentamos, es fundamental acercarse el origen de esta escalada liberticida en la que nos encontramos. Y esta búsqueda de la génesis del ataque sin precedentes contra la convivencia y la democracia liberal nos lleva indefectiblemente a Wuhan.
Por ello, comenzaremos la narración fijando nuestro objetivo sobre lo que acontece en el Subcomité del Congreso de los EEUU que investiga el origen del SARS-CoV2 y los llamados “proyectos de ganancia de función (GOF)”. Una comisión en la que el tono general de las intervenciones de los ponentes ha ido creciendo en intensidad y vehemencia, en un crescendo sostenuto digno del mismísimo Stravinsky, al que cada día se suman más instrumentos. Para los que hemos seguido las actividades de esta comisión, resulta reconfortante comprobar el cambio de actitud de muchos de los congresistas, fundamentalmente en el lado demócrata, que si bien en un principio se empleaban con tibieza en sus preguntas a los declarantes, ahora están determinados a ser más incisivos.
Es evidente que algo ha cambiado en el ánimo de la comisión, y al cuento del pangolín se le está poniendo cara de Watergate con las elecciones a la vuelta de la esquina. Cierto es que toda la comisión desprende un ligero aroma a teatralidad, en que algunos de los congresistas escenifican cierta sorpresa e indignación sobre hechos que algunos conocemos desde hace más de tres años. Y como en cualquier obra de teatro, un buen villano permite vertebrar la tensión narrativa en torno a su figura. El elegido para representar este infame papel es un científico de nombre Peter Daszak.
El Dr. Daszak, a la sazón presidente de EcoHealth Alliance, es el villano perfecto, por varios motivos. En primer lugar debido a las actividades de su empresa y su posición en ella. EcoHealth Alliance es una organización con apariencia de oenegé, que servía hasta 2023 de empresa pantalla, de la que la administración estadounidense se valía para destinar fondos públicos a proyectos de ganancia de función en laboratorios de varios lugares del globo, entre ellos, Ucrania y, de manera muy significativa, en el Instituto de Virología de Wuhan (WIV).
Los proyectos de ganancia de función consisten en dotar a patógenos comunes (p.e. virus de la influenza), de mayor patogenicidad o conseguir que resulten más infecciosos mediante ingeniería genética, con el objeto de crear eso que se llama en la jerga científico-militar “contramedidas médicas”, esto es, vacunas para la enfermedad derivada de la infección por estos patógenos. Según sus detractores, el concepto de ganancia de función no es más que un sofisticado eufemismo mediante el cual poder evadir la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas (CATB). Para sus valedores sin embargo, supone una herramienta de incalculable valor con la que poder anticiparse a futuras pandemias y desarrollar fármacos adecuados de manera ágil. Sea como fuere, el debate en el seno de la comunidad científica de Estados Unidos y del resto del mundo occidental al hilo de este concepto derivó en el decreto de una moratoria de financiación por parte de la Administración Obama allá por 2014, precisamente por tratarse de proyectos de alto riesgo, con potencial de crear problemas de salud pública graves en caso de fuga de laboratorio, e incluso en el peor de los escenarios, derivar en una amenaza bacteriológica en un eventual enfrentamiento geopolítico con alguna potencia rival.
EcoHealth Alliance recibía fondos del Departamento de Defensa (DoD), del Pentágono, de la Agencia de Defensa de Investigación Avanzada (DARPA) o de la Agencia de Reducción de Amenazas (DTRA), además de varias agencias de inteligencia asociadas a la CIA. En el ámbito de la salud, recibía fondos del Instituto Nacional de Salud (NIH) dirigido por Francis Collins, del Instituto Nacional de Enfermedades Alérgicas e Infecciosas (NIAID) dirigido por Anthony Fauci o del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta (CDC).
Como pudimos saber gracias a la entrevista que realizamos en Grupo de Control al que fuese vicepresidente de EcoHealth entre los años 2014 y 2016, el Dr. Andrew Huff, existía una determinada desviación entre los fondos recibidos y los proyectos a los que se asignaban, por lo que, cuando EcoHealth o cualquiera de las otras organizaciones de esta índole concurrían a una determinada subvención de alguna de estas agencias gubernamentales, generalmente el proyecto estaba ya desarrollado o en vías de hacerlo.
Allá por Noviembre de 2021, el diarioThe Intercept, publicaba una información relativa a un proyecto de ganancia de función, cuyos fondos provenían precisamente del dinero de los contribuyentes estadounidenses con la intermediación de EcoHealth, desarrollado en el Instituto de Virología de Wuhan (WIV) en colaboración con científicos estadounidenses y chinos. Motivado por esta filtración a la prensa y por la evidente relación con el origen de la pandemia, el Mayor Joseph Murphy, un mando del ejército del propio DARPA, expresó su preocupación en un informe que acabó siendo publicado íntegramente junto con el propio proyecto de EcoHealth, de nombre Defuse. El proyecto, cuya financiación fue rechazada en origen por el propio DARPA debido a su peligrosidad, describía trabajos de virus recombinantes quimera en un virus similar al SARS, que habrían sido utilizados para infectar colonias de murciélagos en las cuevas de la provincia china de Yunnan, aerosolizando sobre las mismas un pretendido antídoto en forma de vacuna. El modelo de virus correspondería al coronavirus de murciélago RatG13, sobre el que habrían trabajado en este sentido varios científicos asociados al proyecto, entre ellos el científico y profesor de la Universidad de North Carolina, Ralph Baric, junto con la Dr. Shi Zheng Li, viróloga china apodada “batwoman” por sus años de investigación con coronavirus de murciélago, que dirigiría la investigación en uno de los laboratorios del Instituto de Virología de Wuhan (WIV), entre varios otros.
¿Y qué es lo que llamó la atención del Mayor Murphy? A juzgar por su informe, fue la peligrosidad del proyecto. La similitud entre el RatG13 sobre el que Baric y singularmente Shi Zheng Li habrían estado trabajando años atrás para aplicar ganancia de función y el SARS-CoV2 resultaba llamativa a los ojos de un científico versado en la materia. Sin embargo, sólo el SARS-CoV2 presentaba un sitio de corte de furina en la proteína spike del virus, inédito hasta la fecha en sarbecovirus como el SARS- CoV2, por lo que tenía la capacidad de acceder al núcleo de la célula humana conectando con su receptor ACE2, pudiendo así replicarse y crear infección en humanos.
Un estudio publicado en Frontiers in Virology allá por febrero de 2022, que comparaba el genoma del SARS-CoV2 con otros coronavirus, encontraría una coincidencia de casi el 97% con el genoma del RatG13 en el que trabajaron Baric y Zhengli, siendo este el coronavirus que, de largo, mayor coincidencia genómica presentaba de todos los estudiados. También se localizaría una sospechosa singularidad en una porción de la secuencia del SARS-Cov2 de 19 nucleótidos, precisamente en el sitio de corte de furina, que encajaba al 100% con una porción de una secuencia patentada por la empresa Moderna en 2016, la misma empresa que, a la postre, resultaría una de las encargadas de producir las vacunas contra el COVID-19. El estudio citado cifraba la posibilidad de que semejante coincidencia se diese de manera natural en una entre tres billones. Una entre tres billones resulta una posibilidad suficientemente remota como para permitirse al menos dudar de la narrativa hegemónica del salto zoonótico, máxime conociendo los trabajos de Baric, allá por 2005, le llevaron a desarrollar la técnica no see´um, gracias a la cual se podrían ocultar las huellas de manipulación genética en patógenos.
Sin embargo, estos hechos pasaron sin pena ni gloria, permaneciendo relativamente ignotos para el grueso de la opinión pública, difuminados entre el terror pandémico y la coerción ejercida sobre la población a cuento de las inoculaciones. Entre llamadas a la marginación de los no vacunados y normativas cambiantes e incongruentes, las masas alienadas pasaban los días ajenos al incipiente resquebrajamiento de la columna vertebral del cuento del pangolín. Pese a estos sorprendentes hallazgos, las sospechas sobre la posible relación de estos proyectos de ganancia de función o sobre la verosimilitud de la autoría del proyecto Defuse quedaron en suspenso, al menos en Europa, donde el argumentario monolítico pandémico no dejaba lugar al debate. En EEUU poco a poco la calma chicha iba dando paso tímidamente a ciertos movimientos en el ámbito político. Ron De Sanctis, gobernador republicano por Florida, plantaba cara a los mandatos vacunales de la Administración Biden, y el mapa de EEUU se dividía entre los estados en que obligaban a la gente a inocularse productos experimentales y los estados en los que no. De manera insospechada, muchos líderes republicanos se erigían en defensores de la autodeterminación médica, mientras que la inmensa mayoría de líderes demócratas se plegaban al discurso que convenía al complejo industrial farmacéutico. En Europa, sin embargo, la rendición al pensamiento pandémico era total. Altas tasas de vacunación, medidas coercitivas y draconianas, multas, pasaportes vacunales, escarnios públicos, propuestas de retirada de acceso a la sanidad universal o incluso de la patria potestad a los padres que no quisieran inocular a sus hijos. Una verdadera locura que ni siquiera el tremendo shock pandémico puede explicar.
Mientras tanto, el relato del pangolín empezaba a dar ciertas señales de agotamiento, y el principio del fin se cernía sobre sus guionistas. La encomiable labor jurídica de la organización US Right to Know (USRTK), presentando querellas contra las diversas agencias implicadas en la cuestión de los orígenes del COVID, empezaba a dar sus frutos. Gracias a todas sus querellas y a las subsiguientes Actas de Libertad de Información (FOIA) que comenzaron a presentarse en torno a noviembre de 2020, poco a poco hemos podido conocer las comunicaciones y los emails de todos los implicados, tanto en la trama de encubrimiento como en los proyectos de ganancia de función y el WIV. También hemos podido conocer la relación de todos estos hechos con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y un entramado de entes globalistas vinculados a ella que han hecho uso de este tipo de investigaciones a fin de desarrollar programas de vacunación. Mención especial en lo que al esclarecimiento de los hechos se refiere, merece el valor demostrado por el que fuese vicepresidente de EcoHealth, Dr. Andrew Huff, al que tuvimos el privilegio de entrevistar en Grupo de Control, que jugándose su prestigio personal e integridad física, ponía patas arriba el debate público sobre esta cuestión con su testimonio ante el Congreso y el Senado en septiembre de 2022, destapando las actividades más que discutibles que EcoHealth Alliance llevaba a cabo, así como su relación con el complejo militar industrial y farmacéutico. Peter Daszak, presidente de EcoHealth, empezaba a desprender aroma a chivo expiatorio.
Y es que, como ya he mencionado, Daszak es el villano perfecto alrededor del cual articular una narrativa de control de daños creíble, que es a lo único a lo que en esta ponzoña moral a la que llaman democracia podemos aspirar. Además de las actividades de la organización que hemos esbozado someramente, y de su relación con la comunidad de inteligencia, se puede situar a Daszak en todos los diferentes escenarios de la trama. Los emails publicados por razón de las sucesivas FOIA han revelado un Daszak ciertamente muy proactivo. En primer lugar, y así ha quedado acreditado en su declaración ante el Congreso del pasado día 1 de Mayo, Peter Daszak tuvo conocimiento del primer caso de SARS-CoV2 en China, que le fue filtrado, según sus propias palabras, por un científico chino cuyo nombre no ha trascendido, según Daszak porque el gobierno chino estaba deteniendo a científicos que “colaboraban” con agentes extranjeros. Esta información resultó de vital relevancia para que la comunidad internacional pudiese empezar a presionar al gobierno chino, que a regañadientes reconocería una semana más tarde que efectivamente se trataba de un caso de un coronavirus nuevo, con coincidencias genómicas con el SARS, al que se bautizaría con el nombre de SARS-CoV2. Según Daszak declaró en el Subcomité, en cuanto lo supo lo puso en conocimiento de sus allegados, y se publicó en PubMed, una publicación de referencia en el ámbito de la virología y la investigación organizada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EEUU (HHS).
Gracias al libro publicado por otro de los implicados en la trama, el actual Jefe Científico de la OMS, Jeremy Farrar – que por aquel entonces era director del Wellcome Trust, un contubernio filantrópico relacionado con la farmacéutica GSK y muy implicado en proyectos de la OMS – supimos de la gran actividad telefónica que mantuvieron tanto él como Daszak y Fauci con el grupo de científicos llamados a jugar un papel muy relevante en los hechos que a continuación relatamos. Ellos eran Robert Garry, Edward Holmes, Angela Rasmussen, Kristian Andersen o Andrew Rambaut, entre otros. Según el propio testimonio de Jeremy Farrar, hicieron uso de teléfonos prepago para no dejar rastro de sus contactos, cosa muy sorprendente si pensamos que su relato de los hechos quedaría plasmado negro sobre blanco en su libro de título “Spike”. Al tiempo que Farrar y Fauci mantenían conversaciones de alto nivel con responsables de los CDC chinos como su director, George Gao, varios de los científicos anteriormente enumerados se aplicaban con vigor en presionar a sus homólogos chinos, con el fin de que el genoma fuese publicado cuanto antes, siendo el propio Andrew Rambaut el encargado de hacerlo el día 7 de enero de 2020, presumiblemente tras una filtración.
En esos primeros instantes, las diferentes teorías sobre el origen del SARS-CoV2 enfrentaban a gran parte de la comunidad científica, con insultos cruzados entre prominentes virólogos en redes sociales. Tocaba atajar el debate, y por ello Daszak y Fauci se repartieron las tareas. Fauci se encargaría de blindar la teoría de la zoonosis, mientras que Daszak concitaría el apoyo de sus allegados en aquella famosa carta publicada en The Lancet, que vería la luz el 19 de febrero de 2020, en la que se tildaba de teoría de la conspiración toda aquella teoría que sugiriera que el COVID-19 no tenía un origen natural. Entre los firmantes de la carta, varios ilustres de la distopía pandémica. Christian Drosten, el impulsor de los protocolos de detección diagnóstica con la técnica PCR, piedra angular sobre la que reposaba toda la legitimidad de las medidas que se tomarían con posterioridad, Jeremy Farrar, al que ya hemos presentado someramente, y nuestro estimado Luis Enjuanes, ese simpático investigador jubilado del CSIC, que trabajosamente sacaba adelante la famosa vacuna española que nunca vio la luz, con la ayuda de su grupo de pizpiretos becarios. Los becarios de Enjuanes, por cierto, se convertirían durante los meses subsiguientes en toda una brigada de defensa de la zoonosis en redes sociales, vilipendiando y despreciando a todo aquel que se atreviera a poner en duda la narrativa del pangolín. Otra anécdota curiosa que se desprende de una de las múltiples FOIA que han ido surgiendo es que Daszak sugirió a Ralph Baric, Shi Zheng Li y Linfa Wang, los científicos encargados del desarrollo del proyecto Defuse, que no firmaran la carta, para disimular el colosal conflicto de interés que en realidad la motivaba.
Al tiempo, Fauci y Farrar se aplicaban en su tarea de dotar de un corpus teórico a la narrativa. Para ello contaría con la ayuda de la guardia pretoriana de Fauci, Kristian Andersen, Robert Garry, Edward Holmes y Andrew Rambaut, que firmarían conjuntamente el famoso “Proximal Origin of SARS-Cov2”, un paper que ha envejecido bastante mal a la vista de los acontecimientos. Tan es así, que la revista Nature ha retirado la publicación de su repositorio de publicaciones. También gracias a sendas FOIA, pudimos saber que ni siquiera los firmantes de ese “estudio” contemplaban la zoonosis como opción más plausible. Para la posteridad de la infamia pandémica quedará la expresión “friggin´ likely”(condenadamente probable), con la que Kristian Andersen se refería a la posibilidad de que el virus procediese de un laboratorio. El virólogo británico afincado en Sidney, con fuertes vínculos con China, sería todavía más contundente, afirmando lo siguiente: “Seamos realistas, a menos que hubiese un denunciante del WIV que desertara y viviera en Occidente bajo una nueva identidad, NUNCA sabremos qué pasó en el laboratorio”. Pocos meses después de escribir el “Proximal Origin”, texto de referencia de la narrativa zoonótica, Kristian Andersen recibiría una subvención del NIAID de Fauci por valor de 8,9 millones de dólares. Roma no paga traidores, pero el NIAID al parecer sí. Cabe destacar una ausencia muy significativa en esta trama, que incluye a ínclitos representantes de prácticamente todos los organismos de salud pública de la administración estadounidense, a excepción del Dr. Robert Redfield, que por aquel momento era el jefe de los CDC de Atlanta. Quizás la determinación expresada a Anthony Fauci en indagar todas las vías posibles no le hizo merecedor de su confianza. En marzo de 2023, Redfield apuntaba ante el Subcomité del Congreso como origen más probable del SARS-CoV 2 la posibilidad de una fuga de laboratorio lamentándose de haber sido excluido en aquellos momentos de febrero del 2020 de las deliberaciones que dieron lugar al “Proximal Origin”.
Por si le faltase algún elemento a este vodevil, a finales de junio de 2021, un biólogo evolutivo del Centro de Investigación del Cáncer Fred Hutchinson, de nombre Jesse Bloom, que intentaba reconstruir las secuencias del genoma del virus basándose en 34 muestras de los primeros casos en Wuhan, descubrió que los 241 archivos con datos de secuencias genómicas publicados en la base de datos del NIH habían sido misteriosamente borrados. Sorprendido por semejante hallazgo, Bloom se puso en contacto con Anthony Fauci y Francis Collins. Collins organizó una reunión de Zoom a la que invitó a Kristian Andersen y Robert Garry, a los que ya hemos mencionado anteriormente. Para cuando la reunión tuvo lugar, Jesse Bloom ya había publicado en preprint su hallazgo, por lo que quedaba el registro. Por las notas que tomó Bloom de la reunión, hemos podido conocer el tremendo impacto que tuvieron sus hallazgos en el desarrollo de dicha reunión. El ambiente se crispó súbitamente cuando Bloom compartió el resultado de sus indagaciones. En sus notas se narran gritos cruzados entre varios participantes y una gran tensión. Fauci, al parecer se lamentó por el contenido de la descripción en el informe de Bloom, porque daba la impresión de que científicos chinos habrían eliminado subrepticiamente los archivos de la base de datos. No conviene olvidar que para poder borrar secuencias en la base del NIH, es necesario contar con la aquiescencia del propio NIH, lo que añade una sombra de sospecha sobre su implicación en el suceso.
Siempre según las notas de Bloom, Andersen habría intervenido muy alterado señalando que este hallazgo podría dar alas a teorías de la conspiración, comprometiendo así el prestigio de científicos como él. Jesse Bloom afirmó en sus notas que Andersen llegó a proponer eliminar el preprint de la base de datos de BioRxiv, dado que como evaluador del sistema, tenía la posibilidad de hacerlo él mismo. Collins y Fauci expresaron su disconformidad con la propuesta de Andersen y solicitaron a Bloom que lo tuviese en consideración, se entiende que para que constase en sus notas. Posteriormente, Andersen declaró que lo contenido en las notas de Bloom respecto a su oferta era falso. Se puede dudar de la veracidad de lo afirmado por Bloom en sus nota, por lo que este extremo quedaría al albur del juicio personal de cada uno sobre la confianza que puedan generar los distintos testimonios, de no ser porque Bloom, astutamente se podría decir, invitó a otro biólogo evolutivo de su confianza a la reunión, el Dr. Sergei Pond, que pudo dar fe de la veracidad de lo contenido en las notas de Bloom. De su estudio se desprenden además otras conclusiones que socavaban la verosimilitud de la narrativa del pangolín, ya que permitía inferir que el virus ya llevaba cierto tiempo circulando, por lo que situar el paciente cero en el mercado húmedo de Wuhan era poco menos que aventurado. Posteriormente hemos tenido pruebas de presencia del virus en varios lugares alejados entre sí, en Italia en agosto de 2019, o en las aguas fecales de Barcelona en marzo de este mismo año, meses antes de la declaración oficial del primer caso de Covid-19 en Wuhan.
Este suceso, que pasó ciertamente desapercibido para el gran público, no supuso en el momento la demolición inmediata de la teoría de la zoonosis, generalmente aceptada por la gran mayoría de medios de comunicación, pero si auguraba la lenta descomposición del relato a la que asistimos hoy. La posición monolítica de Daszak y Fauci iba sufriendo una erosión lenta y agónica, y como en un barco con el casco agujereado, su capacidad de achicar agua se fue mermando paulatinamente a lo largo de los últimos dos años. Consta, a título de ejemplo, que Daszak se aplicó con vehemencia en su intento de retirar un estudio publicado en el repositorio del NIH por el virólogo argentino Ariel Fernández, en el que se demostraba que el SARS-CoV2 era producto de un trabajo de ganancia de función, relacionado con el RaTG13 estudiado por Baric y Zhengli. Ello hacía más plausible una hipótesis, despreciada por los pretorianos de Fauci y Daszak, por la que presuntamente tres mineros fallecidos a consecuencia de una extraña neumonía allá por 2012 mientras realizaban labores de limpieza en la mina de Mojiang, sita en la provincia china de Yunnan, pudieron haber haber muerto precisamente a consecuencia de la infección por RaTG13. Desde entonces, el crédito de los valedores de la narrativa zoonótica no ha dejado de caer. Una de las primeras estocadas recibidas se la asestaría un hombre del sistema, que trabajase en el pasado para el Fondo Monetario Internacional encargado, entre otras misiones de relevancia del desguace de la Rusia post perestroika, Jeffrey Sachs. Sachs dirigía al grupo de expertos de la comisión de The Lancet encargada de estudiar el origen del SARS-CoV2 en China. Si bien del estudio se desprendía que tanto la vía de la zoonosis como la de la fuga seguían abiertas, Sachs se atrevió a afirmar públicamente que, a su juicio, la opción más probable era la fuga de laboratorio. Un duro golpe, sin duda. Ni más ni menos que The Lancet, el mismo medio en que vería la luz la carta organizada por Daszak, publicaba el 31 de mayo de 2022 un estudio firmado por varias decenas de científicos en el que se sentenciaba que las dos opciones, a saber, la teoría zoonótica y la de la fuga, debían permanecer abiertas. Ya no era una “teoría de la conspiración” sino una hipótesis plausible.
Desde entonces, en un cuentagotas lento pero incesante, varias agencias y departamentos de la administración de EEUU han ido apuntalando la opción de la fuga de laboratorio, hasta convertirse en la opción más probable a ojos de la opinión pública estadounidense, dejando a Daszak, Fauci y sus muchachos al pie de los caballos, sumidos en una crisis de descrédito creciente por la cual quizás alguno de ellos pueda acabar respondiendo penalmente. Primero fue el Departamento de Energía (DoE) allá por febrero de 2023, que señalaba la fuga como opción más probable. Luego se sumó el FBI (Oficina Federal de Inteligencia), apenas dos semanas más tarde. En septiembre de 2023, pocas semanas después de que Kristian Andersen compareciese frente al Subcomité para responder sobre las cuestiones que hemos narrado en este editorial, conocíamos por el testimonio de un agente de la CIA, que del grupo de siete agentes que investigaban el origen del COVID, sólo uno de ellos respaldaba la hipótesis de la zoonosis, por lo que a los seis restantes se les ofreció una compensación económica a cambio de modificar su posición al respecto. Al conocer esta información, el presidente del Subcomité, Brad Wenstrup, representante republicano por Ohio, ordenó a la CIA hacer públicos todos los informes, comunicaciones y listas de pagos relacionados con esta investigación. Quizás debido a la presión constante de algunos congresistas a título individual, o al peso de las múltiples FOIA que han ido cayendo como losas, en las últimas semanas hemos conocido que la posición tanto del FBI, como de la CIA con respecto del origen del SARS-CoV2, consiste en culpar a China del escape de laboratorio, responsabilizando a Daszak y a EcoHealth de llevar la investigación a los laboratorios de Wuhan.
Sea como fuere, el villano Daszak parece ser el elegido para interpretar en papel de chivo expiatorio. Bien es cierto que ha comprado muchas papeletas, eso es innegable. Su declaración del pasado 1 de mayo ha supuesto el pistoletazo de salida del que será el frente pandémico por el que discurrirá parte del debate de las próximas elecciones previstas para noviembre. Por un lado, los demócratas no pueden permitir que los republicanos socaven su credibilidad a costa de este asunto, pero tampoco pueden permitir que se levante el velo del todo y que se conozcan todos los proyectos similares que se están financiando a través del programa PREDICT, en el que colaboran con la OMS y varios engendros filantrópicos globalistas, y que el hilo acabe llevando a la empresa de Hunter Biden, Metabiota, y sus biolaboratorios de Ucrania. Por otro, los republicanos, más activos en indagar pero con una acusada intención de revigorizar el concepto trumpista del “virus chino”.
A Daszak se le hizo visiblemente cuesta arriba la declaración. Tres horas en las que negó, minimizó, descontextualizó y se remitió a futuros envíos de documentación. Lo que se conoce en el argot futbolístico como achicar balones. Además, como aperitivo, se hizo pública en un artículo de KatherineEban para Vanity Fairla declaración de Ralph Baric, el padre presunto de los trabajos de ganancia de función sobre el virus RaTG13, justo antes de que Daszak declarara. Es evidente que la coincidencia en los tiempos no es azarosa y responde a una clara estrategia de comunicación. En su declaración, Baric afirmaba haber avisado a Daszak de que los trabajos de Defuse no se podían realizar en un biolaboratorio de nivel de seguridad 2 (BSL-2), y que se precisaban de un BSL-3. Cierto es que en los borradores de Defuse, donde se podían leer los comentarios de los científicos que participaban en su redacción, consta un comentario en el que Baric advertía de que al DARPA no le iba a hacer ninguna gracia que el proyecto se desarrollase en un BSL-2, por mucho que se ahorrasen costes. En ese borrador, Daszak admitía que ciertos detalles, como los roles en la investigación, o incluso el lugar de realización, se podrían decidir cuando se consiguiese la subvención. En el Congreso, Daszak zanjó la cuestión arguyendo que no hay caso ya que el proyecto finalmente nunca se realizó, cuestión que se ha demostrado falsa. La otra preocupación de especial relevancia para varios miembros del Subcomité, es la relativa al hecho de que EcoHealth hubiese entregado las memorias de gasto de las subvenciones correspondientes a dos años concretos de ejercicio, el cuarto y el quinto. Según Daszak, se intentó aportar la documentación al servidor, pero el intento fue rechazado por el sistema informático. Sin duda, una excusa infantil de perro que se come los deberes. Y es que, aunque resulte difícil de creer, EcoHealth ha seguido recibiendo dinero del NIH hasta 2023
Otro candidato a cargar con parte del mochuelo es Anthony Fauci, acosado del mismo modo por solicitudes de libertad de información (FOIA) diversas, con todas sus comunicaciones intervenidas y con el cerco estrechándose en torno a sus colaboradores directos, su factotum en el NIH, el Dr. Francis Collins, y uno de sus asesores, el Dr. David Morens, que a mayor abundamiento, ha sido citado a declarar el día 22 de mayo para responder, entre otras cuestiones, sobre los emails que se cruzó con Daszak en los que sugirió utilizar el correo personal en sus comunicaciones para así evitar las FOIA. Las noticias se agolpan y el tempo de la obra se acelera. En el momento en el que escribo estas líneas, el Subcomité emite una citación para que declare Jeffrey Sturchio, un asesor de comunicación de Daszak, por presuntamente ayudarle a obstruir la investigación. La declaración de Fauci tendrá lugar el próximo día 3 de junio, y si bien es cierto que ver a Fauci declarar en el Congreso se nos hace ciertamente familiar, ésta promete ser singularmente cruenta, mucho más si cabe que todas las anteriores.
En cualquier caso, no es momento de lanzar las campanas al vuelo. No animo en absoluto al lector de esta editorial a ser excesivamente optimista. Esta campaña no responde ni remotamente a una búsqueda de la verdad genuina, sino simple y llanamente a una política premeditada que cumpla la doble función de servir de control de daños por un lado, y de presionar al gobierno de China por el otro. Fuera del foco principal permanecen otras cuestiones, a saber, el Evento 201 de Gates y el World Economic Forum, las decenas de proyectos de ganancia de función que se siguen financiando, personajes como Peter Hotez, Jeremy Farrar, el propio Secretario General de la OMS y la relación de esta trama con la fabricación e inoculación masiva de vacunas y la estrategia del terror pandémico.
One Health (Una Sola Salud)
One Health (Una Sola Salud), inspira de cabo a rabo el Tratado de Pandemias y las enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional (RSI) que estuvieron a punto de aprobarse en la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud [materializnándose, finalmente, en una pequeña, pero importante, modificación del RSI y un abandono temporal del tratado, que quedó en un borrador a tratar en un futuro]. Si bien Daszak y EcoHealth son parte importante de la estrategia One Health, como veremos en el próximo capítulo, ni remotamente son los únicos responsables.
Ganancia de Función y patentes
Si lo que se pretende es tener un conocimiento más exhaustivo del desarrollo histórico de la ganancia de función, resulta de muy recomendable lectura el libro del abogado y experto en patentes, David E. Martin, de título “ The Fauci COVID 19 Dossier” en el que pormenoriza la evolución histórica del desarrollo de patentes alrededor de los proyectos de ganancia de función, creciendo de manera paralela a eso que se llama en el ámbito militar “guerra biológica”. Como era previsible al ser publicado, el libro de Martin fue tildado por los verificadores de hechos del régimen globalista como “teoría de la conspiración”. Sería ésta, sin duda, una “teoría de la conspiración” ciertamente peculiar, habida cuenta de que todos los elementos que demuestran su veracidad provienen de fuentes abiertas y públicas. Sólo se precisa seguir el rastro de patentes, estudios científicos, productos farmacéuticos y beneficios, para comprobar con los ojos propios la sospechosa coincidencia temporal de ciertos eventos. Sin ánimo de fusilar el libro de David E. Martin, un libro muy profuso en documentación, a modo de aperitivo, aportamos a este editorial una serie de enlaces que permitan al lector establecer algunos hitos importantes. Entre sus actores principales, los ya conocidos, Fauci, Baric, Collins, en colaboración con agencias gubernamentales como el NIH o el NIAID. No por casualidad, el NIH cuenta en su haber con una larga lista de 138 patentes, cuyos beneficios económicos resultaban tan opacos que incluso el GAO (Oficina del Gobierno de Estados Unidos de Responsabilidad) llegó a reclamar al NIH que aportase datos sobre el destino y uso comercial de las patentes que pretendidamente habrían generado más de 2.000 millones de beneficios desde 1991 hasta 2019. El propio Fauci consta como dueño de varias patentes, registradas durante los años de su mandato, cuyos beneficios Fauci afirma haber donado a organizaciones de caridad, aunque no haya constancia documental que respalde tal afirmación.
Entre las primeras patentes que llaman la atención de la larga lista que enumera el libro mencionado, se encuentra una patente propiedad de la empresa Pfizer, registrada con el número U.S. Patent 6,372,224, presentada en 1990, que describe una vacuna basada en aminoácidos para la proteína Spike de un coronavirus canino. Aquella vacuna nunca funcionó, una tónica persistente en los productos génicos de esta índole a lo largo de su historia. Nunca una vacuna contra un coronavirus había funcionado hasta la fecha, y nunca ha funcionado después. Esta patente coincide en el tiempo con la subvención nª AI 23946, concedida en 1986 por el NIAID de Anthony Fauci a la Universidad North Carolina Chapel Hill. Este proyecto dirigido por Ralph Baric, al que a estas alturas de narración huelga presentar, culminó en la patente presentada en 2002 US7279327B2 , en la que se describía una técnica para “producir coronavirus recombinantes” de modo que estos fuesen “más infecciosos y tuvieran una replicación celular defectuosa”. Derivada del mismo proyecto, en el año 2001, Baric recibió otra subvención del NIAID para un proyecto que habría arrancado un año antes bajo el título “Genética inversa con una construcción de ADNc infeccioso de coronavirus”. La patente mencionada anteriormente fue presentada el 19 de abril de 2002, pocos meses antes del primer caso notificado del virus SARS. En 2003, con la pandemia de SARS ya declarada, se aislaba el virus, dando lugar a la patente nº US7220852B1 propiedad de los CDC de Atlanta, que abría la veda para la explotación industrial de contramedidas médicas, así como test diagnósticos. Y como muestra, un botón: desde 1999 a nuestros días, la industria farmacéutica ha registrado más de 5.100 patentes relacionadas con fármacos para el SARS y sus variantes. Sin duda, un suculento negocio. Motores y tormentas.
Como podrá comprobar el lector, la cadena de coincidencias no es en absoluto excepcional. De hecho, se puede afirmar sin ningún género de duda que todas las pandemias declaradas en las últimas dos décadas (SARS, MERS, H1N1) han venido precedidas de investigaciones en ganancia de función sobre virus casi idénticos a los descritos en los sucesivos brotes. Desmerece, sin duda alguna, el poder profético que se ha otorgado a algunos simulacros pandémicos, como el famoso Evento 201 organizado por el World Economic Forum y la Fundación Bill y Melinda Gates allá por septiembre de 2019, en el que se vaticinaba un brote pandémico de un coronavirus similar al SARS. Hablaremos de ello en el próximo capítulo. Como hemos señalado anteriormente, no es objeto de este editorial hacer un análisis exhaustivo del discurrir de la industria de creación de virus quimera y la consiguiente producción de vacunas contra esos virus, paralelamente a eso que se ha dado en llamar “Guerra biológica”. Para el lector avezado y con tiempo de investigar, comparto aquí este informe de la Oficina Contra la Proliferación del Ejército del Aire de EEUU, dependiente del Departamento de Defensa, en el que podrá leer cómo se han ido desarrollando de la mano las industrias de la guerra biológica y la de las vacunas. Mención especial merece la reseña que se hace del uso de las terapias génicas como arma en la página 19 del informe.
Ya ilustrada someramente la relación de causalidad entre los trabajos de ganancia de función y algunas de las pandemias declaradas en este siglo, volvemos a poner el foco sobre los antecedentes de la pandemia del SARS-CoV 2.
Algunos de sus actores principales (Fauci, Baric) siguieron involucrados en este tipo de experimentos. Sin embargo, nuevos jugadores entraron en la partida. Nos referimos, claro está, a los Daszak, Farrar, Zheng Li, Wang, Andersen, etc.. , que supieron percibir las necesidades del incipiente mercado de las “catástrofes” biológicas, y aprendieron a desviar ingentes cantidades de dinero público hacia este mercado emergente. Sólo había que saber contárselo bien a los inversores, en este caso, el Estado. Sirva de ejemplo este artículo de 2013, firmado por varios ilustres de la narrativa pandémica, a saber, Aleksei Chmura, de EcoHealth, Linfa Wang del WIV, Ben Hu (al que algunos investigadores atribuyen ser el paciente cero de la pandemia del SARS-CoV 2), dirigidos por Daszak y Zheng Li, en el que se afirmaba haber conseguido el “aislamiento y caracterización de un coronavirus similar al SARS de murciélago que utiliza el receptor ACE2”. Este artículo, como otros del mismo jaez, reportaban en aquellos momentos suculentas subvenciones para seguir con las investigaciones de ganancia de función, disfrazadas de búsqueda de coronavirus con potencial de salto zoonótico. Dos años después de esa publicación, Zheng Li y Ralph Baric presentaban este estudio, en el que se alertaba de la existencia de colonias de coronavirus en las cuevas de murciélagos de Yunnan con potencial de infección en humanos. Como ya comentamos en el capítulo anterior, la filtración del Proyecto Defuse demostraría que el potencial para infectar a humanos del SARS-CoV2 conectaba precisamente estos hallazgos con los trabajos de ganancia de función, ese sitio de corte de furina insertado entre S1 y S2 que permitía al virus penetrar en el núcleo de la célula a través de sus receptores ACE2 y replicarse, de modo similar al que se describe en este estudio, del cual extractamos una porción de su tenor literal que creemos habla por sí solo: “(…)Utilizando el sistema de genética inversa del SARS-CoV2, generamos y caracterizamos un virus quimérico que expresa la spike del coronavirus de murciélago SHC014 en una columna vertebral del SARS-CoV adaptada a un ratón. Los resultados indican que los virus del grupo 2b que codifican el pico SHC014 en una columna vertebral de tipo salvaje pueden utilizar de manera eficiente múltiples ortólogos de la enzima convertidora de angiotensina II (ACE2) humana del receptor del SARS, replicarse eficientemente en células primarias de las vías respiratorias humanas y alcanzar títulos in vitro equivalentes a los epidémicos. cepas de SARS-CoV. Además, los experimentos in vivo demuestran la replicación del virus quimérico en el pulmón del ratón con una patogénesis notable (…)
No conviene olvidar que este estudio se desarrollaba estando todavía vigente la moratoria que pesaba sobre la financiación de los proyectos de ganancia de función decretada por la Administración Obama. Sin embargo, este alarmante estudio venía firmado, a título de investigador principal, por Ralph Baric, profesor de North Carolina Chapel Hill, beneficiario habitual de grandes sumas de dinero de diferentes agencias gubernamentales. Como hemos podido saber en las últimas semanas, la subvención concedida en 2014 a EcoHealth gozaba de exención, por haber sido ésta concedida antes de decretarse la moratoria. Los trabajos siguieron de manera ininterrumpida hasta que en 2017, se derogó la moratoria, por lo que se volvieron a financiar este tipo de proyectos con dinero público. Sin embargo, la respuesta al estudio de Baric no se hizo esperar, ilustrando elocuentemente el agrio debate que tenía lugar al hilo de estos experimentos en el seno de la comunidad científica. Un artículo de un editor de la revista Nature metía el dedo en la llaga del estudio de Baric, consultando a varios expertos en la materia que manifestaban sus reservas, cuando no su total desaprobación, sobre este tipo de investigaciones.
“El único impacto de este trabajo es la creación, en un laboratorio, de un nuevo riesgo no natural”.
De esta manera tan contundente se expresaba en el citado artículo el profesor de Bioquímica de la Universidad de Rutgers, Richard Ebright. Pocos años después, Ebright, junto con Bryce Nickels, compañero en Rutgers, protagonizaría un violento cruce de acusaciones que ha llegado coleando a nuestros días, precisamente con los autores del Proximal Origin,Andersen y compañía, al hilo de su estrategia de encubrimiento de la fuga de laboratorio.
Y de nuevo, las casualidades hacían su acto de aparición estelar. El 2016 además es un año especialmente prolífico en este sentido. Este año, el 14 de marzo, ve la luz este paper firmado por Baric y Zheng Li, cuyo título, tan elocuente como ominoso, reza del siguiente modo: “WIV1-CoV similar al SARS listo para emerger en humanos”. Nótese que el virus “listo para emerger” lleva el nombre del Instituto de Virología de Wuhan. Muy lógico, considerando que era allí donde se desarrollaba el virus quimera a partir del cual se hacían los experimentos in vivo que permitían inferir la posibilidad del salto zoonótico. Sin embargo, según el paper, quedaba una pequeña cuestión sin resolver. Un incómodo cabo suelto que ha dado lugar a toda clase de esfuerzos y escorzos intelectuales posteriores para justificar la zoonosis. El virus, según afirmaba el paper, tenía una capacidad “limitada” de infectar a humanos, y para que el virus pudiese saltar definitivamente con potencial para crear una pandemia, se precisaba de un hospedador intermedio con mayor coincidencia genómica con los humanos que el murciélago. Es aquí donde entran en escena pangolines y perros mapache, que trufaron tanto el Proximal Origin de Andersen como el posterior intento a la desesperada de revestir la narrativa zoonótica de aspecto científico, dirigido por Edward Holmes, cuyo contenido fue filtrado a The Atlantic antes siquiera de que el paper, en el que se pretendió sustanciar la panoplia de especulaciones sobre perros mapache en el mercado de Wuhan, viera la luz. Un notable esfuerzo narrativo sin duda, en que se confunden deliberadamente los conceptos de “indicio” y “evidencia”, ya que evidencias, lo que se dice evidencias, no hay.
También en 2016, apenas dos semanas después de que el paper de Baric y Zheng Li fuese publicado, tendría lugar el registro de esta patente de Moderna, cuya secuencia de proteínas encajaba sospechosamente con la secuencia del virus, precisamente en el sitio de corte de furina que presuntamente habilitaba al virus a introducirse en el núcleo de la célula y comenzar a replicarse. Ya saben ustedes, cosas del azar, que es caprichoso. Stephane Bancél, a la sazón CEO De Moderna y extrabajador de la farmacéutica BioMérieux, contestaba de esta manera al ser preguntado por esta “coincidencia”. Ya ven ustedes. Al CEO de Moderna no le resultaba en absoluto ajena la posibilidad de la fuga de laboratorio. Y es que Bancél es, a nuestro juicio, uno de los grandes tapados de esta historia, quedando al margen de los focos de manera frecuente, pese a su llamativa trayectoria y sus sorprendentes declaraciones. Como hemos señalado, este científico francés, había formado parte de la compañía BioMérieux, con un papel clave en la puesta en funcionamiento de varios laboratorios en el Instituto de Virología de Wuhan. Precisamente cambio de trabajo en el año 2013, cuando la compañía Moderna recibió una subvención de la Agencia de Estudios Avanzados de Defensa (DARPA), precisamente para desarrollar terapias génicas basadas en la tecnología ARNm, justo dos semanas antes de que Daszak y Zheng Li publicasen el hallazgo de las colonias de coronavirus con potencial de salto zoonótico. Como pueden comprobar los lectores, los tiempos tienden a coincidir. Con toda seguridad se preguntarán ustedes sobre la pertinencia de que una compañía farmacéutica desarrolle terapias génicas por encargo del Departamento de Defensa. Para contestar a esa pregunta, les remito al informe sobre guerra biológica compartido con anterioridad, en el que se detalla como los pretendidos avances biomédicos discurren en esa difusa frontera entre lo militar y lo médico. Ya saben ustedes, los motores y las tormentas.
Quizás sea también fruto de la casualidad, o de la maledicencia de los amigos de las teorías de la conspiración que tanto se afanan en unir los puntos, pero estas declaraciones de Bancél en el Foro de Davos de 2022 sobre la capacidad de su empresa en la producción de vacunas en 2019 llaman mucho la atención. No añadiremos nada más para no condicionar a los lectores. Así lo expresaba Bancél:
“Entonces la gran noticia versus 2020, donde estamos hoy, es que tenemos capacidad de fabricación. Como sabe Seth, cuando ocurrió la pandemia, Moderna había fabricado 100.000 dosis en 2019 para todo el año. Y recuerdo que entré en la oficina de fabricación y dije: ‘¿Qué tal si fabricamos mil millones de dosis el año que viene? Y me miran un poco raro y dicen: “¿Qué?” Y yo digo: ‘Sí, necesitamos fabricar mil millones de dosis el año que viene, habrá una pandemia”.
¿El señor Bancél sabía que habría una pandemia en febrero de 2019, diez meses antes de la declaración oficial del primer caso? Si bien es cierto que el CEO de Moderna no habla de una pandemia de coronavirus, lo cierto es que cuanto más se indaga en los hechos que conforman esta truculenta historia, más certeza se tiene de que las casualidades, o bien no existen, o bien son en realidad causalidades. Sea como fuere, la patente de Moderna ya mencionada, dio lugar a esta otra registrada poco después, que sería la base de la vacuna de ARNm ganadora de la Operación Warp Speed, organizada en mayo de 2020 por la Administración Trump, con el objeto de elegir las mejores candidatas a vacunas contra el COVID-19. A mayor abundamiento, la base tecnológica que sustentó la patente es la misma que la de la vacuna de Pfizer, lo que ha dado lugar a una demanda de Moderna contra Pfizer, precisamente por vulneración de la propiedad intelectual. ¿De dónde sacas tus vacunas? Del mismo lugar del que sacas las pandemias.
A estas alturas, la mitología contenida en el clásico imperecedero “El Señor de los Anillos” del filólogo británico J.R.R. Tolkien, ha pasado a conformar la cosmovisión posmoderna de prácticamente tres generaciones de occidentales, gracias, en gran medida, a la versión cinematográfica dirigida magistralmente por Peter Jackson. El libro narra la epopeya de un humilde hobbit, llamado a liderar a un grupo heterogéneo de hombres, enanos y elfos en su misión trascendental de llevar el anillo único de poder hasta el volcán del Monte del Destino de Orodruin, en las oscuras profundidades de Mordor, y allí destruir el anillo en el mismo fuego que lo viese nacer. El anillo, forjado por el Señor Oscuro Sauron para su uso y maligno disfrute, tenía la capacidad de subyugar a los habitantes de la Tierra Media. Su creación tenía una inscripción en lengua negra que rezaba como sigue: “Un Anillo para gobernarlos a todos. Un Anillo para encontrarlos, Un Anillo para atraerlos a todos y atarlos a las tinieblas”. El anillo, que le fue arrebatado por Isildur, dotaba a quien lo poseyera de ciertas capacidades que lo hacían extremadamente atractivo. Entre otros superpoderes, dotaba de invisibilidad al que se lo pusiese, prolongaba su vida o permitía conservar la apariencia. Sin embargo, el anillo tenía sus contraindicaciones. No tenerlo habiéndolo tenido podría hacer enloquecer a cualquiera infradotado moralmente, despertando sus más bajos instintos, dominados por el terror, y además, el don de la invisibilidad no era más que el señuelo por el cual Sauron podía localizar el anillo y tratar de atraerlo hacia sí. Quizás haya lectores de este editorial, aquellos que estén más familiarizados con la epopeya de Frodo y su compañía del anillo, a los que les resulte sencillo encajar la analogía pretendida. A los que todavía no la vislumbren, quizás en los próximos párrafos la puedan ver algo más nítida.
Tratado de Pandemias y las más de 300 enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional (RSI)
Nos ponemos pues el traje de faena y empezamos a desentrañar lo contenido tanto en el Tratado de Pandemias, que finalmente no será aprobado en esta ocasión, como en las enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional (RSI). No conviene lanzar las campanas al vuelo ni mostrar excesiva alegría porque el Tratado no salga adelante, ya que muchas de las pretensiones iniciales del Tratado pretenden ser validadas por la vía del Reglamento. Obviamos en este análisis todo el tortuoso proceso de borradores y enmiendas que ha tenido lugar a lo largo de los dos últimos años. Si tienen interés en conocer los cambios que se han ido sucediendo desde el primer hasta este último y definitivo borrador que se pretendía votar a finales de mayo, les remito a alguno de los programas que hemos dedicado en Grupo de Control, o alguna de las entrevistas que realizamos a Cristina Armas, abogada canaria que, a nuestro juicio, es quien con mayor rigor jurídico ha estudiado este asunto en España. Con respecto a los cambios en el texto, existe una clave fundamental para entender la estrategia de la OMS. En lo que supone una clara maniobra de trilerismo legislativo y en orden a colmar sus pretensiones iniciales, muchos de los artículos del primer texto pandémico simplemente han abandonado su lugar original, para acabar conformando el paquete de más de 300 enmiendas propuestas al Reglamento Sanitario Internacional (RSI). Porque, sí, han leído bien, se votaron más de 300 enmiendas al RSI a la vez que se votó el Tratado. Al fin y al cabo, votar un Tratado implicaría un tortuoso camino de aprobación y debate en las distintas cámaras legislativas de los diferentes estados, no siendo así en el caso del novado reglamento, cuya aprobación tendría efecto jurídico vinculante desde el mismo momento de ser aprobado. Aquí un somero resumen de los puntos, a nuestro juicio, más relevantes:
El Tratado sobre Pandemias se aplicaría todo el tiempo, no sólo durante las pandemias. Lo pueden constatar leyendo el artículo 2 del Tratado. El Tratado sólo contempla dos escenarios, periodo de pandemia y periodo interpandemias, lo que supone el fin de la normalidad tal y como la concebíamos. Al final, resultó que aquello de la nueva normalidad consistía en esto, en vivir en un estado permanente de incertidumbre, que propicie la anuencia de los ciudadanos, permanente expectantes al nuevo patógeno destinado a dotar de contenido a ese engendro conceptual llamado “Enfermedad X”, del que hablaremos más adelante. Por fortuna, en esta ocasión este artículo en concreto, no verá la luz finalmente.
La introducción del concepto “Una Sola Salud” (One Health), lo que supone capacidad para ejercer control sobre la salud de las personas, los animales y los ecosistemas. Un Sola Salud para gobernarlos a todos. Lo pueden leer en los artículos 1 y 5 del Tratado. Este es, a nuestro juicio, el concepto más preocupante de todos, la clave de bóveda de toda esta estructura de colusión pornográfica entre el cártel farmacéutico y los estados. Este asunto, que entronca directamente con todo lo expuesto en los anteriores capítulos de este editorial sobre ganancia de función y la industria de las pandemias, será objeto de análisis en un apartado propio de este editorial. Este aspecto no se verá refrendado de momento, aunque seguirá inspirando las líneas de trabajo de la OMS.
No sería necesario que una emergencia de salud pública sea real, bastará con que sea posible. El Director General de la OMS tendrá autonomía para declarar una emergencia de salud pública “potencial”. Llama la atención el uso del lenguaje, con palabras como “probable” o “riesgo para la salud pública. Ello incluye posibles emergencias climáticas, en clara inspiración One Health. Lo pueden encontrar en el RSI, y no en el Tratado, en los artículos 1 (léase la definición de “emergencia pandémica” y “riesgo para la salud pública”), 2, 5 y anexos 1, 12 y 49.
Los Estados verían su opinión limitada sobre una emergencia sanitaria declarada por la OMS, incluso si esta ocurre dentro de sus fronteras. Esto implica una evidente e intolerable pérdida de soberanía. Suma y sigue. Lo pueden leer en los artículos del RSI nº 1, 12, 17, 42, 48, 49, 50.
Los Estados tendrán que ajustar su legislación interna a lo contenido en las enmiendas al RSI, y el Tratado, lo que implica la creación de una Autoridad Nacional para el RSI, una suerte de ministro del gobierno de la OMS en el Ministerio de Sanidad, encargado de hacer ese ajuste legislativo y de velar por el buen hacer de los gobernantes en todo lo que se refiere a las competencias que la OMS pretende arrogarse para sí en esta estrategia bífida de Tratado y Reglamento. Lo pueden encontrar en el RSI, en los artículos Artículo 1 (definición de “Autoridad Nacional del RSI), 4, 15, 16, 42, 54, 59.3, y en el Tratado en el art.3.
La OMS tendrá el poder de ordenar a España adoptar confinamientos, restricciones de viajes, exámenes médicos forzosos y vacunas obligatorias, así como aislamientos y cuarentenas. Ya saben de sobra los lectores que todas esas medidas que han demostrado nula eficacia en términos de Salud Pública, que resultan a todas luces nocivas y que sólo sirven para crear más desigualdad, por no mencionar los efectos adversos producto de las medidas, condenados a permanecer apócrifos, sepultados bajo toneladas de propaganda. Pueden leerlo en el RSI, en sus artículos 1, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 42, 49.
Vuelven los pasaportes vacunales, los famosos green pass, aunque cambian su nombre. Los “documentos sanitarios”, son el eufemismo usado en esta ocasión para definir “un sistema global de certificados sanitarios relacionados con pruebas, vacunación, profilaxis y recuperación”. Unos pasaportes vacunales que, por cierto, no demostraron ser útiles en absoluto en lo que a contener la propagación de la pandemia se refiere. Sólo hay que ir a la hemeroteca y comprobar que, fue precisamente cuando se decretaron estos pasaportes cuando la mayor tasa de contagio se conoció en Europa. Llámenlo Omicron, si gustan. Al fin y a la postre, los medios de intoxicación tuvieron que reconocer que no se trataba de una medida de salud pública sino simple y llanamente una medida dirigida a coaccionar a la población, en virtud de la cual pretendidamente mejorar la cobertura vacunal de los productos experimentales de ARNm, conculcando a su paso varios derechos constitucionalmente amparados y segregando a la población por estatus vacunal. Una medida que recordaba peligrosamente a medidas de corte similar tomadas durante los años de la Alemania nazi, cuando uno de los argumentos utilizados para justificar el hacinamiento de los judíos en ghettos, consistía precisamente en la atribución falsa de que este colectivo transmitía enfermedades, del mismo modo que se acusó recientemente a los no vacunados de transmitir el SARS-CoV 2. Más tarde, supimos de boca de Janine Small, una trabajadora de Pfizer que fue enviada a declarar en la Comisión COVID del Parlamento Europeo en sustitución de su CEO, Albert Bourla, que sus productos ARNm nunca fueron diseñados para prevenir la transmisión, lo que despojaba de todo sentido la medida, máxime cuando ya por aquel entonces había quedado demostrado que los vacunados contagiaban del mismo modo que los no vacunados. Sea como fuere, los medios de intoxicación de masas tuvieron que buscar otros argumentos para justificar la medida, como que el pasaporte mejoraba el consumo y elevaba el PIB, ya que los vacunados se sentían más seguros y eso estimulaba la economía. Vivir para ver. Todo lo referente a esta cuestión lo pueden encontrar en el RSI, en los artículos 18, 23, 24, 27, 31, 32, 35, 36 y 44 y en los anexos 6 y 8. También en este sentido de control de coacción, la información médica personal deberá ser proporcionada a la OMS y ésta podrá revelarla a otros. Cabe preguntarse a quiénes, aunque nos lo podemos imaginar. Lo pueden encontrar en el RSI, en los artículos 1 (véase el concepto “vigilancia”), 5 y 45, y en el Tratado, artículo 4.
La OMS podrá ejercer control de la información, restringir y controlar la libertad de expresión en redes sociales, controlar la desinformación y mala información, controlar la investigación y el desarrollo y censurar el debate científico. Se entiende pues, la urgencia mostrada por los entes globalistas en aprobar el Tratado y el Reglamento, habida cuenta de las nuevas informaciones que se desprenden de la investigación dirigida por la Subcomisión del Congreso de los EEUU, que demuestran las constantes presiones ejercidas por la Administración Biden sobre las compañías de redes sociales, como Amazon, Meta, Twitter o Google. Paradójicamente, mientras en EEUU se conduce una investigación para destapar estas presiones, en Europa la censura de contenidos contrarios a las narrativas hegemónicas sufren una censura y persecución inéditas, en virtud de la Ley Europea de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), por la cual estas empresas están obligadas a perseguir, censurar y desmonetizar todos aquellos contenidos que no resulten veraces al entramado de verificadores de hechos, articulados en torno a la matriz internacional Poynter Institute, instituido hoy en un auténtico poder jurisdiccional privado, en lo que supone a todas luces otra vulneración flagrante del artículo 20 de la Constitución Española, que prohíbe de manera expresa la censura previa, entendida ésta como la censura de contenidos sin que medie una autorización judicial. Este extremo, sin duda es merecedor de un artículo monográfico. Todo lo referente al control de la información que pretende la OMS lo pueden encontrar en el RSI, en el anexo 1 sobre Capacidades Básicas y en el Tratado, en los artículos 1.13, 9 y 18.
Los fabricantes de vacunas quedan exonerados de toda responsabilidad ante los Estados, y serán éstos lo obligados a indemnizar a los afectados y establecer planes estatales de compensación. Esto implica conceder carta de naturaleza a una práctica que, por otro lado, ya venía ocurriendo de manera paralegal. En su momento, allá por octubre de 2022, en Grupo de Control analizábamos el contrato, por aquél entonces apócrifo, por el que la señora Von der Leyen habría comprometido con Pfizer sumas mareantes de dinero público a cambio de 10 dosis de producto por cada europeo, a razón de 20 euros la dosis aproximadamente. El texto de aquellos contratos ni siquiera pudo ser auditado por los propios parlamentarios, que se encontraron con un texto lleno de tachones. En un ejercicio de gran cinismo, por parte de la Comisión se arguyó que los tachones protegían pretendidos derechos de propiedad industrial. Con el tiempo supimos que esa exoneración de responsabilidad había sido la tónica general en todos los contratos firmados por la empresa Pfizer con todos los Estados con los que negociaron suministros de vacunas, justificados en la supuesta urgencia pandémica. El Tribunal de Cuentas Europeo, que afeó a Von Der Leyen esta opacidad y que no se hubiesen respetado los Reglamentos concernientes a la licitación pública de contratos de suministros, en un informe emitido en septiembre de 2022, reclamó que se hiciesen públicos los mensajes intercambiados entre Von Der Leyen y Bourla en el proceso de negociación, cuestión a la que Von Der Leyen respondió negativamente, afirmando que los había borrado. Este asunto sigue sub iudice, lo que no ha supuesto impedimento alguno para que la actual Presidenta de la Comisión Europea se presente a las elecciones europeas convocadas para el próximo junio, en las que Von der Leyen aspira a revalidar su cargo. Lo relativo a esta cuestión lo pueden leer en el Tratado, en su artículo 13.
Y por último, La OMS exigirá a los estados miembros que recorran sus zonas rurales en busca de patógenos. Lo pueden ustedes leer en los artículos 5 y 46 del Tratado.Quizás ahora se entienda mejor el anuncio a bombo y platillo por parte de la Ministra de Ciencia e Innovación de la creación de un nuevo biolaboratorio donde estudiar “los patógenos más peligrosos”. A la vista de los hechos que ya hemos expuesto ampliamente, quizás no resulte la mejor idea. Más adelante, en próximos capítulos de esta serie hablaremos de los accidentes de laboratorio, y de cómo se hace luz de gas sobre estos eventos para que no trasciendan a la opinión pública.
One Health y PREDICT. La fábrica de pandemias.
Quizás, para el gran público, la Iniciativa One Health resulte en cierta medida ignota y puede que incluso innovadora, pero es una iniciativa que ya lleva muchos años en desarrollo. Ahora simplemente asistimos a su materialización en un proyecto legislativo que obligue a los estados a cumplir con su agenda. Pero no conviene dejarse guiar por la apariencia, porque si hay algo en que el globalismo ha demostrado gran pericia, es precisamente en el uso del lenguaje elegido para imponer relatos. One Health, surge de las ideas de un reputado veterinario, el Dr. Calvin Schwabe, que acuñó el término “Una Medicina”, abogando por un enfoque unificado contra las zoonosis que utilizase tanto la medicina humana como la veterinaria, allá en el año 1964. Este movimiento fue lentamente tomando forma hasta que en septiembre de 2004, la Universidad John Rockefeller organizase un simposio en el que se articularon los conocidos como “12 Principios de Manhattan” (por el lugar en que se encuentra la Universidad Rockefeller), que darían lugar a la creación de la Comisión One Health. Según su página web, de la que extraemos su tenor literal, sus objetivos declarados son “conectar’ a quienes trabajan para One Health en todo el mundo para facilitar las relaciones y colaboraciones sinérgicas necesarias en todos los niveles académicos, gubernamentales, políticos y de investigación. Crear oportunidades para que las disciplinas e instituciones relacionadas con la salud humana, animal, vegetal y de los ecosistemas trabajen juntas en colaboraciones transformadoras, y educar al público sobre la importancia y la necesidad urgente del enfoque One Health. Esto incluye profesionales establecidos y estudiantes de todas las disciplinas (desde Antropología hasta Diseño Arquitectónico, Biología/Química, Científicos de los Alimentos, Medicina, Psicología, Sociología, Zoología, etc.), sectores de producción agrícola y alimentaria, proveedores de atención médica de los ámbitos humano y animal, políticas. y los legisladores.”. Desde entonces, la iniciativa One Health se ha desarrollado ampliamente a lo largo y ancho del globo, instalándose efectivamente en más de 500 centros, repartidos entre universidades e instituciones de salud pública.
El eco en todos los entes globalistas es notable, demostrando que se trata de una acción coordinada y liderada por ellos. Así se refiere a ello la página web oficial del World Economic Forum:
“La Organización Mundial de la Salud ha declarado dos emergencias de salud pública de importancia internacional en tres años y está instando a los países a adoptar el enfoque Una Salud. El enfoque One Health integra modelos predictivos y vigilancia utilizados en el control de enfermedades y el cambio climático para combatir las enfermedades infecciosas”.
Análogamente, el Banco Mundial expresa la derivada económica de la Iniciativa One Health, que abrazan de manera entusiasta en los siguientes términos:
“(…)Hay argumentos económicos sólidos a favor de One Health: el costo de la prevención es moderado en comparación con el costo de gestionar y responder a las pandemias. La estimación global del Banco Mundial de los costos de prevención guiada por los principios de Una Salud oscila entre 10.300 y 11.500 millones de dólares al año, en comparación con el costo de gestionar las pandemias que, según la estimación reciente del Grupo de Trabajo Conjunto sobre Finanzas y Salud del G20, asciende a unos 30,1 mil millones de dólares por año. Nunca ha habido un mejor momento para adoptar One Health (…)”
La ambición indisimulada de la Iniciativa One Health es la de tener potestad sobre el desarrollo combinado de políticas en tres ámbitos fundamentales. En primer lugar, el ámbito del control de enfermedades, en el que entra en juego el control de enfermedades emergentes con potencial de salto zoonótico, coordinado en torno un programa llamado PREDICT del que hablaremos más adelante en este capítulo. Por otro lado, el control de políticas relacionadas con el clima, lo que abre una espita importante en virtud de la cual se empieza a coquetear con el concepto de confinamientos climáticos, por no mencionar la relación evidente con las políticas energéticas y de control de la calidad del aire. Por último, también se pretende tener control sobre la política alimentaria y agrícola, cuyos primeros coletazos hemos podido observar a colación de la nueva ley Europea de Restauración de la Naturaleza y sus consecuencias sobre las explotaciones agrícolas y ganaderas de nuestro país. En diciembre del 21, en pleno shock pandémico, se firmaba un texto conjunto entre estas 4 organizaciones, a saber, la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización Mundial para la Salud Animal (OIE), la OMS y el Programa para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas (UNEP), con el objeto de definir conjuntamente la iniciativa One Health. Recogemos parte de su tenor literal a continuación:
“One Health es un enfoque integrado y unificador que tiene como objetivo equilibrar y optimizar de manera sostenible la salud de las personas, los animales y los ecosistemas. Reconoce que la salud de los seres humanos, los animales domésticos y salvajes, las plantas y el medio ambiente en general (incluidos los ecosistemas) están estrechamente vinculados y son interdependientes. El enfoque moviliza múltiples sectores, disciplinas y comunidades en distintos niveles de la sociedad para trabajar juntos para fomentar el bienestar y abordar las amenazas a la salud y los ecosistemas, al tiempo que aborda la necesidad colectiva de agua, energía y aire limpios, alimentos seguros y nutritivos, tomando medidas. sobre el cambio climático y contribuir al desarrollo sostenible”.
A estas alturas de narración queda bastante clara la intención de estas organizaciones globalistas, en principio dependientes de las Naciones Unidas, de desarrollar políticas conjuntas con los estados en el sentido expresado. A priori podría parecer un gran esfuerzo cooperativo entre estados que genuinamente quieren mejorar la vida de la gente. Nada más lejos de la realidad. Son muchas las fundaciones filantrópicas que hacen suya la Iniciativa One Health, y simplemente pretender enumerarlas todas derivaría en un ejercicio absurdo de redundancia, ya que los argumentos exhibidos son literalmente un calco de unas a otras. Sirva de ejemplo lo contenido en la página web de la Fundación Bill y Melinda Gates, sin lugar a dudas la fundación que hoy día ejerce el mayor liderazgo y poder de influencia en el ámbito médico, climático y alimentario, ocupando el puesto que otrora ostentaba la Fundación Rockefeller, no precisamente porque la Rockefeller haya delegado su labor histórica de condicionar todo lo referente a la investigación farmacéutica, sino simplemente porque el poder desplegado por Gates no tiene precedentes. En el próximo capítulo de esta serie trataremos todo lo referente a la financiación del entramado por el que, a través de la OMS, se ejerce la necesaria presión política sobre los estados para colmar las ambiciones globalistas. En definitiva, un modelo de conflicto de interés, en el que los filántropos presuntos esconden tras de sus aparentes buenas intenciones, miles de millones en inversiones en materia energética, en lo que al desarrollo de transgénicos se refiere o en la fabricación de vacunas y medicamentos.
PREDICT y la Enfermedad X
Quizás algún lector se haya maliciado en algún momento cómo es posible que grandes prebostes del capitalismo filantrópico como Bill Gates, entre muchos otros, a coro con la escolanía de politicastros que pulula la OMS, sean capaces de predecir con tal precisión y lujo de detalles explosiones pandémicas, como ya ocurriese con el infausto Evento 201 . El pasado febrero, durante el aquelarre anual de la plutocracia filantrópica global en Davos, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Gebreyesus, presentaba en sociedad eso que se ha dado en llamar Enfermedad X. La Enfermedad X pretende ser un nombre hipotético, un espacio conceptual a priori vacío, sobre el que colocar el patógeno que más posibilidades tiene de provocar una “emergencia pandémica”. Nótense las comillas, estratégicamente colocadas para ajustarse en todo lo que sea posible al lenguaje utilizado por la OMS y sus “socios”. Sin embargo, pese a tratarse de un patógeno hipotético, ya hay laboratorios creados ad hoc para diseñar fármacos que puedan paliar la “emergencia pandémica” hipotética que aseguran ocurrirá más pronto que tarde. ¿Y cómo es posible que se estén diseñando fármacos para un patógeno que todavía no existe? Quizás algunos lectores, en alguno de los capítulos precedentes de esta serie, habrán encontrado la referencia de un programa llamado PREDICT. Este programa es la piedra filosofal de todo el modelo One Health que permite al globalismo prepararse para la próxima pandemia. Pero no se lo contaré yo, sino sus propios protagonistas.
Según la página web de PREDICT, contenida en la página web de la Universidad California Davis (UC Davis), PREDICT es “un proyecto del programa Amenazas Pandémicas Emergentes (EPT) de USAID, se inició en 2009 para fortalecer la capacidad global para la detección de virus con potencial pandémico que pueden moverse entre animales y personas. PREDICT ha hecho contribuciones significativas al fortalecimiento de la vigilancia global y las capacidades de diagnóstico de laboratorio para virus conocidos y recientemente descubiertos dentro de varios grupos de virus importantes, como los filovirus (incluidos los ebolavirus), los virus de la influenza, los paramixovirus y los coronavirus.”
Sobre las actividades de PREDICT, la página de UC Davis nos cuenta que “las actividades de PREDICT apoyaron la preparación para las amenazas pandémicas emergentes y la Agenda de Seguridad Sanitaria Mundial, principalmente en África y Asia. Una década después, más de 30 países de todo el mundo cuentan con sistemas más sólidos para detectar, identificar, prevenir y responder de forma segura a las amenazas virales. PREDICT inició One Health Surveillance, un enfoque colaborativo transdisciplinario para comprender el riesgo de enfermedades infecciosas en la interfaz animal-humano. La fuerza laboral capacitada por PREDICT, que incluye especialistas en enfermedades zoonóticas y científicos de laboratorio en más de 60 laboratorios nacionales, universitarios y asociados, es uno de losmejores recursos de respuesta para ayudar con la detección y respuesta seguras al COVID-19 y otras amenazas biológicas emergentes”. PREDICT, siempre según los propios datos aportados en su página web, cuenta con “6.800 personas capacitadas para One Health Workforce en más de 30 países y 60 sistemas de laboratorio mejorados con capacidades bioseguras de detección de enfermedades zoonóticas”.
Quizás, el hecho de que PREDICT y One Health muestren semejante unidad de acción, llegando a ser indistinguibles, resulte al lector preocupante, en virtud de lo leído hasta ahora en esta investigación. Y no es para menos. La lista de “socios” de PREDICT tampoco permite albergar ninguna tranquilidad. Según su web, PREDICT está dirigido por UC Davis One Health Institute y sus socios principales incluyen agencias como USAID, la OMS, FAO, EcoHealth Alliance, Metabiota, Wildlife Conservation Society, el Instituto Smithsonian y Labyrinth Global Health.”. Sobre EcoHealth hemos hablado largo y tendido, aunque a efectos de mejorar la percepción del lector de su relación con One Health, echaremos un vistazo a su página web. Aquí pueden ver algunos de los “socios” declarados de EcoHealth, entre los que se encuentran varias multinacionales farmacéuticas como J&J, agencias gubernamentales como el NIH o los CDC, agencias globales como la FAO (Organización de la ONU para los Alimentos y la Agricultura), prominentes universidades como Princeton, Johns Hopkins o la propia UC Davis, y otras organizaciones filantrópicas. No son todas las que están ni por supuesto están todas las que son, dado que, aunque no aparezcan en la lista de socios, muchas organizaciones filantrópicas como la Fundación Bill & Melinda Gates entre muchas otras conceden de manera recurrente generosas sumas de dinero a EcoHealth.
Tampoco resulta excesivamente relajante conocer la implicación de USAID en el programa. Cualquiera que cuente con un mínimo conocimiento sobre USAID, la Agencia de Estados Unidos de Ayuda Internacional al Desarrollo, habrá leído sobre sus actividades de inteligencia en países de medio mundo. USAID es una agencia dependiente del Departamento de Estado, creada en 1961 por el Presidente J.F. Kennedy, cuya génesis responde precisamente, y de manera apenas disimulada, a un lavado de cara de las archiconocidas actividades de injerencia de la CIA. Para ello se instituyeron varias agencias a la par que el USAID, como la National Endowment for Democracy (NED), siempre bien escoltadas por organizaciones filantrópicas como el Albert Einstein Institute (AEI) o la sempiterna Open Society de George Soros, entre otras. A este entramado cooperativo entre agencias gubernamentales y organizaciones filantrópicas se le atribuyen actos de injerencia en muchos lugares del planeta, de manera singular en casi toda America Latina, como se recoge en este artículo, o el papel central jugado en ese fenómeno denominado revoluciones de colores ocurrido a principios de siglo en países de Europa Central, como Ucrania, Serbia o los países del Norte de África y Oriente Próximo como Túnez, Libia, Egipto o Siria. El asunto de las revoluciones de colores, y sus nefastas consecuencias en los países en que se han desarrollado, bien merecerían dedicar un libro entero. Cabe mencionar que USAID fue expulsada en 2012 de Ecuador por el entonces presidente Rafael Correa.
Entre los socios de PREDICT, al margen del consabido y elocuentemente documentado papel de EcoHealth Alliance, merecen especial mención las compañías Metabiota y Labyrinth Global Health, dos compañías con muchos vínculos entre sí como podremos comprobar en las próximas líneas. Sin ánimo de ser exhaustivos, Metabiota es una empresa, que en 2014 estaba participada en un 13,4% por Rosemont Seneca Technology Partners, empresa propiedad de Hunter Biden, ínclito vástago del Presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden. Metabiota operaba en biolaboratorios en Ucrania en colaboración con una empresa de nombre Black & Veatch, y fueron señalados por el gobierno ruso precisamente por la peligrosidad que entrañaban esos biolaboratorios. Desde los fact-checkers asociados al oráculo de la prensa libre, el Poynter Institute, se negó por activa y por pasiva esta participación. Sin embargo, si una cosa buena tienen los Estados Unidos, es que son muy dados a registrar todos los pagos que se hacen a organismos asociados al gobierno. El dólar es el dólar. Gracias a ello, allá por marzo de 2023, nuestra investigación nos llevó a navegar por la página oficial de pagos del Gobierno de los EEUU, donde encontramos estos interesantes pagos registrados a una docena de laboratorios en Ucrania a través precisamente de Black & Veatch. Entre ellos, destacaba un pago concreto, de 369.511 dólares muy curioso, a través de Black & Veatch, una empresa de ingeniería también asidua a las subvenciones de diversas agencias gubernamentales. Este pago, con número de registro 19-6192, consta cargo de Labyrinth Global Health, en cuyo concepto de pago se señalaba un inquietante “SME MANUSCRIPT DOCUMENTATION AND COVID 19 RESEARCH”, fechado el 12 de noviembre de 2019. No deja de resultar llamativo este registro de pago, en el que se afirma haber estado investigando sobre el Covid-19, seis semanas antes de que el primer caso oficial de infección por SARS-CoV2 fuese notificado por las autoridades chinas. Otro ejemplo más de la asombrosa capacidad profética de la plutocracia filantrópica. Esta relación de la familia Biden con los biolaboratorios en Ucrania supone un punto de fricción política que, sin duda, va a resultar de gran influencia en el desarrollo de la campaña electoral estadounidense que tendrá lugar en noviembre de este año. Una fricción a la que se suma el escándalo que supuso que trascendiera a la opinión pública la relación de Hunter Biden con la empresa gasista Burisma Holding, propiedad del oligarca Igor Kolomoiski, a la sazón principal patrocinador del dictador ucraniano Zelensky, en la que Hunter Biden ejercía de factotum de los intereses de la familia durante los años en que Joe Biden era Vicepresidente de la Administración Obama. Para la posteridad quedan las palabras proferidas públicamente por Joe Biden, cuando jactanciosamente afirmaba haber conseguido que el Presidente Poroshenko (al que literalmente calificaba de “hijo de puta”) cesase fulminantemente al Fiscal General de Ucrania, Viktor Shokin, precisamente por abrir una investigación contra las actividades ilegales Hunter Biden en Burisma.
El modelo de conflicto de interés se repite miméticamente en todo aquello en lo que el cartel filantrópico mete sus manos. Los reguladores, las políticas de salud de los estados, las políticas agrícolas, el gasto farmacéutico y un largo etcétera. Un evidente desvío de fondos públicos sistemático, en el que la plutocracia ha encontrado una mina de ingresos inacabable, y cuyos designios se pretenden dirigir, y no precisamente para nuestro bien. Y el primer paso es el control por la vía del Tratado: Un Tratado para gobernarlos a todos, como en el libro inmortal de Tolkien, que finalmente no resultará aprobado en esta ocasión, por falta de consenso y debido a las prisas con que se pretendió aprobar, aunque a falta de tratado, buenas resultan las enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional. Veremos si estas consiguen aprobarlas. De nosotros depende tener la suficiente capacidad crítica y espíritu combativo para oponernos a estos abyectos intereses
Poco o nada sabemos de la posición concreta de España con respecto de ambos textos legislativos, más allá del cerrado apoyo que ha expresado nuestra ínclita Ministra de Sanidad. Aprovechaba la ministra sus escasos minutos de intervención en la Asamblea para expresar que “España hará todo lo que esté en su mano para alcanzar cuanto antes un Acuerdo de Pandemias basado en el consenso, un Tratado que complemente un Reglamento Sanitario reforzado”. Esta es la primera noticia que hemos podido conocer sobre la posición de España, y gracias a esta intervención conocimos por fin quién conforma el equipo negociador. Junto con la Ministra, observamos a un sonriente Fernando Simón, encantado de la oportunidad que se le concede. Como vemos, la infamia pandémica ha supuesto para algunos una interesante manera de promoción personal. A Fernando Simón no se le puede conceder ningún mérito durante la gestión pandémica. En principio minimizó el riesgo, con la célebre frase “serán dos o tres casos”. Una vez desatada la histeria, abandonó su posición de “prudencia” para abrazar exactamente la posición contraria, llegando a afirmar en cualquiera de sus millones ruedas de prensa que “la letalidad del virus era del 10%“.
Ausencia total de debate público
Antes de entrar en el objeto de nuestro análisis, no queremos pasar por alto alguna cuestión importante de la vergonzante intervención de nuestra Ministra en la Asamblea de la OMS. Se vanagloriaba nuestra ministra del “interés con que la sociedad civil había seguido el proceso en todas sus fases”. A nuestro juicio, que un cargo electo mienta de manera tan descarada en un foro como la Asamblea General de la OMS, debería ser susceptible de reproche penal. No es de recibo que una ministra falte de manera tan evidente a la verdad en representación de todos. No ha habido ningún “seguimiento de la sociedad civil”, ni nada que remotamente se parezca, y la ministra lo sabe, porque ha sido la responsable última del apagón informativo al respecto. Y debate, lo que se dice debate, no ha habido ninguno, al margen de la honrosa excepción que supone el debate publicado el pasado jueves 23 de mayo por La Clave Cultural, en el que nuestra compañera Bea Talegón, junto con la histórica comunista Ángeles Maestro, enfrentaron con gran rigor y firmeza las posiciones del oficialismo, encarnadas en Federico de Montalvo y Ángel Gil, a la sazón miembros del famoso Comité de Expertos el primero, y del Consejo Asesor de Vacunas el segundo. Un debate del que podemos inferir algunas cuestiones.
En primer lugar, los representantes del oficialismo demostraron nulo compromiso con sus propias posiciones. Ni conocían el texto del tratado, ni conocían las enmiendas al Reglamento, nunca habían escuchado hablar de la ganancia de función ni de los experimentos financiados por EEUU en Wuhan. A mayor abundamiento, es que ni siquiera eran conscientes del proceso de investigación que se está llevando a término en la Subcomisión del Congreso de EEUU al hilo de estos experimentos y su investigación. Se limitaron a negar su mera existencia. Decía Hannah Arendt que si no existe un consenso mínimo sobre los hechos, difícilmente se podrá conformar una opinión pública propiamente dicha. Quizás cabría esperar algo más de todo un Presidente del Comité de Bioética, que es el cargo que ostentó Federico de Montalvo durante la pandemia. Sería deseable conocer una posición sobre la ganancia de función. Hay argumentos a favor de la ganancia de función, que yo desde luego no comparto, pero son argumentos al fin y al cabo, y cabría haber esperado que de Montalvo esgrimiese alguno. ¿Cómo se debate con alguien que directamente niega hechos ciertos y constatables? ¿Cómo se debate con alguien que etiqueta de “terraplanista” a quien sólo señala hechos probados? Un escenario al que nos hemos visto forzados como sociedad, que no merece el calificativo de debate público, entendiendo éste como un diálogo de contraposición de ideas y opiniones en virtud de hechos. Es ciertamente frustrante, y lo peor de todo es que ni siquiera cabe desear nada mejor. Este es el nivel, y esperar otra cosa no puede conducir más que a una misantropía melancólica de difícil salida. Por tanto, no, no ha habido “seguimiento de la sociedad civil”, ni nada remotamente parecido. Muy al contrario, lo que ha reinado sobre cualquier otra premisa es la opacidad, la ocultación, y por supuesto, como ya viene siendo habitual, la política de hechos consumados tan propia de estos tiempos que corren, en que se firman tratados sin mediar debate o se desvían miles de millones de dinero público por mera volición presidencial, para mayor gloria de dictadorzuelos liberticidas como Zelensky. Es el signo de los tiempos.
La cúspide de la pirámide: Conflicto de interés en la OMS
También permanece ajeno a la opinión pública el hecho que es objeto de este análisis. Es probable que la mayoría de los lectores quizás puedan considerar que la OMS es un organismo internacional de naturaleza pública dependiente de Naciones Unidas. Y sobre el papel se supone que así es. Pero como veremos a lo largo de este análisis, bajo ningún concepto se puede considerar semejante cosa.
Imagine el lector una pirámide de copas sobre la que se derrama champán, empezando en la cúspide, que al colmarse, deja fluir el líquido hacia capas inferiores. Esta teoría del “derrame” se suele usar para justificar que una reducción de tributos a las grandes fortunas, acaba por “derramar” mayores ingresos a las capas más bajas de una sociedad concreta. Por analogía, podemos observar que este es precisamente el funcionamiento del sistema de salud pública global, en el que las farmacéuticas y el capitalismo filantrópico son los encargados de servir el champán que poco a poco va colmando las copas de los diferentes niveles en esta pirámide de salud pública, conformándose un modelo de conflicto de interés colosal . Y en la cúspide de la pirámide se encuentra la OMS, como brazo político de la plutocracia globalista.
Si bien, la Constitución de la OMS señala a los Estados como los sujetos de derecho encargados de ratificar con su voto las actividades de la organización, lo cierto es que, en la práctica, hoy día este pretendido modo de funcionamiento ya no es más que una ilusión. Y ello deriva fundamentalmente de su modelo de financiación. El propio Tedros Adhanom, Director General de la OMS, reconocía en esta 77ª Asamblea Mundial que el modelo de financiación se había revertido desde los años 80, en el que las donaciones “voluntarias” no representaban más que el 20%, siendo entonces el grueso de la financiación puramente dependiente de las aportaciones directas de los Estados Miembros. Hoy día, como señalaba Tedros, la situación es diametralmente opuesta. Según los datos de la propia OMS, en el bienio 2020/2021, las contribuciones voluntarias representaban el 86% de los ingresos totales de la OMS. El mayor donante privado era la Fundación Bill y Melinda Gates (592 millones de dólares), seguida por GAVI, también coordinada por Gates (413 millones de dólares). Las aportaciones de estas dos organizaciones suponían algo más del 16% del total de las aportaciones. Un pequeño apunte sobre GAVI que es importante no perder de vista. Es relativamente poco conocido el hecho de que GAVI no aporta en realidad fondos propios, sino dinero que recaba de los Estados, manteniendo para sí la capacidad de decisión sobre el destino de esos fondos, en lo que supone un claro desvío de dinero público a intereses privados. Siguiendo con el análisis de la financiación de la OMS, la Open Society Foundation de George Soros aportaba en este periodo 265 millones de dólares. Entre la lista de donantes se puede encontrar un nutrido grupo de las farmacéuticas más importantes. A efectos de economía no procederemos a una tediosa enumeración de todas ellas, aunque sirvan a modo de ejemplo los casi 200 millones que aportaron entre GSK, Roche, Sanofi, Seqitur y Novartis.
En el bienio 2021/2022, esta tendencia no sólo no se frenó, sino que se agudizó. Las contribuciones voluntarias se situaron en el entorno del 88%. Entre Bill Gates y Gavi aportaron algo más del 20% del total de las aportaciones. La Fundación Gates aportó en este periodo 829 millones de dólares. La Alianza Gavi aportó el 7,39%, en torno a 480 millones. La Open Society Foundation aportó unos 171 millones de dólares. La aportación de las cinco farmacéuticas anteriormente citadas alcanzó el entorno de los 250 millones de euros. De nuevo, esta lista no pretende ser exhaustiva, y se quedan muchas organizaciones en el tintero, organizaciones algunas de ellas con un papel central en la implantación de medidas draconianas de salud pública durante la pandemia. Tal es el caso del Wellcome Trust, dirigido entonces por el ya mencionado en anteriores entregas, Jeremy Farrar, al que dedicaremos un amplio análisis en el capítulo dedicado a desmontar la narrativa de terror de la pandemia. En el documental “Trust Who”, en el que se analiza la relación de la OMS con la industria farmacéutica, Germán Velásquez, ex alto cargo de la organización, denunciaba reuniones a puerta cerrada de las farmacéuticas con otros directivos de la OMS elegidos por las propias farmacéuticas durante el transcurso de las reuniones de la OMS. Sorprendentemente, ese documental tan crítico, emitido en el programa Documentos TV de TVE, desapareció del catálogo en septiembre de 2020. El señor Velásquez ha reiterado su denuncia en diversas apariciones radiofónicas y en otros medios de comunicación, en las que advertía del peligro que entraña la creciente influencia de las farmacéuticas o de las fundaciones filantrópicas como la Fundación Bill y Melinda Gates sobre la OMS. También, en una entrevista que realizamos a ex alto cargo de la OMS en el área de epidemiología y prevención de pandemias, Christian Perronne, para el programa Grupo de Control , nos hablaba en los mismos términos de la estrecha relación existente entre la industria, la Fundación Bill y Melinda Gates y la OMS. Una relación basada en el conflicto de interés que tampoco nos debería de sorprender, ya que en 2009, la OMS ocultó la relación de varios de sus expertos asesores durante la pandemia de la gripe A con las farmacéuticas Roche y GSK, a la sazón fabricantes de los antivirales Tamiflu y Relenza contra el H1N1, favoreciendo que los Estados gastasen ingentes cantidades de dinero en medicamentos que finalmente no se usaron. Es evidente que, en el caso de la Gripe A, se magnificó la amenaza de pandemia con objeto de generar suculentos beneficios para las farmacéuticas. Y lamentablemente, parece que este no es el único caso en el que algo semejante ha ocurrido.
A priori, podría valorarse como algo positivo que tantas organizaciones privadas se muestren dispuestas a donar estas fastuosas cantidades en beneficio de la salud pública global. Pero el diablo, como suele decirse, se encuentra en los detalles. La cara B de las aportaciones voluntarias es que los donantes tienen la capacidad de decisión sobre el uso para el que se destinan los fondos. Y es que, a poco que se indague sobre el interés del capitalismo filantrópico y la plutocracia global en África, acaba uno topándose con una extensa pléyade de proyectos de ingeniería genética, desarrollo de fármacos e investigación en cultivos transgénicos. Ya saben los lectores, One Health. La cantidad de ejemplos similares resulta inabarcable. A título meramente ilustrativo, véase esta inversión de 40 millones de euros de la Fundación de Gates para investigación en vacunas ARNm en varios países de África. Por ello, son muchos los autores que consideran que África se ha convertido en un laboratorio de dimensiones gigantescas, en el que la industria farmacéutica prueba sus productos en humanos. Quizás recuerde el lector aquella magistral película de título “El Jardinero Fiel”, protagonizada por Ralph Fiennes y Rachel Weisz, en que se narraba la historia de una activista por los derechos humanos que era asesinada por una compañía farmacéutica, cuando investigaba la administración ilegal de fármacos experimentales en niños nigerianos. Aquella historia de pretendida ficción en realidad se hacía eco de un caso real, un escándalo que trascendió a la opinión pública, por el que la empresa Pfizer fue condenada por provocar la muerte de 11 niños y dejar a varias decenas discapacitados, debido a los ensayos de su medicamento contra la meningitis Trovan. El gobierno nigeriano demandó a Pfizer, reclamando 2000 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios, aunque finalmente se llegó a un acuerdo extrajudicial por la suma de 75 millones de euros. Ya ven ustedes, peccata minuta. Un escándalo que muy probablemente no sea más que la punta del iceberg. Por ello, quizás resulte comprensible que varias naciones de África se hayan mostrado contrarios a la aprobación del Tratado de Pandemias propuesto por la OMS.
Reguladores farmacéuticos: Ser o no Ser
El siguiente nivel de la pirámide de copas es el de los reguladores farmacéuticos, encargados teóricamente de velar por la seguridad de los fármacos que se comercializan. La opinión pública tiene, en líneas generales, la percepción ciertamente errónea de que los reguladores realizan una ardua tarea de fiscalización de los productos y que nada sale al mercado sin que haya sido exhaustivamente probado. Pero ya hemos visto que eso no es realmente así. Ensayos clínicos terminados antes de tiempo, datos indeseados que se eliminan deliberadamente para presentar resultados positivos, efectos secundarios que se ocultan, funcionarios de los reguladores a los que se soborna, etc… En la aprobación de algunos fármacos por parte de los reguladores, se dan todos los elementos aquí citados. Tal es el caso del Vioxx, por poner un ejemplo más o menos conocido, en el que la terminación acelerada del ensayo clínico con objeto de ocultar daños cardiovasculares pasó desapercibida para los reguladores, que varios años después acabaron retirando el medicamento del mercado. Este caso, y varias decenas de casos similares, se encuentran profusamente documentados en el libro del experto en farmacovigilancia, Peter Götzsche, de título “Medicamentos que Matan y Crimen Organizado”.
Para que este tipo de hechos luctuosos tengan opción de ocurrir, se precisa que varias circunstancias concurran al mismo tiempo. En primer lugar es importante que los reguladores omitan su deber de vigilancia. Ello no se produce por pura maldad de los empleados de los reguladores, como es natural, sino por varios factores combinados, entre los que destaca sin lugar a dudas el fenómeno que se ha dado en llamar de puertas giratorias,que puede suponer un menoscabo en el buen funcionamiento en la labor del propio regulador si sus empleados albergan la tentación de mostrarse más benévolos a la hora de fiscalizar a una determinada empresa, a la vista de la posibilidad cierta de trabajar en ella algún día y así ver multiplicarse por cinco su salario. Es cierto que el regulador estadounidense (FDA) parece más propenso a que sus miembros pasen en corto espacio de tiempo a figurar entre los miembros de los consejos de administración de grandes farmacéuticas, o como directivos de divisiones relacionadas con su ámbito de conocimiento, pero ello no es del todo cierto. La Agencia Europea del Medicamento también sufre el mismo problema. Es una tónica general en los organismos europeos, como señalaba en este informe la Defensora del Pueblo Europeo, y es un hecho bastante preocupante en términos democráticos. También, en este artículo publicado por Peter Doshi, editor jefe del British Medical Journal, se describe y documenta con extraordinaria precisión este fenómeno de “puertas giratorias” en el regulador estadounidense.
Otra cuestión de relevancia capital que propicia el descontrol regulatorio en la comercialización de fármacos es el de la propia financiación de los reguladores. Según un estudio recientemente publicado por elBritish Medical Journal, el modelo de financiación de los reguladores dista mucho de ser óptimo para la función que se le supone a estos organismos de apariencia pública. La naturaleza de los reguladores farmacéuticos ha de ser la de fiscalizar los estudios que presentan las farmacéuticas en orden a obtener la aprobación para uso comercial de sus fármacos. A la luz de los datos publicados en BMJ, la diligencia debida por los reguladores queda seriamente en entredicho, toda vez que no permiten suponer que puedan realizarse con independencia y rigor. La Agencia Europea del Medicamento (EMA) recibe el 89% de su presupuesto directamente de la industria. El caso del regulador australiano (TGA) es todavía peor, siendo su presupuesto dependiente de la industria en un 96%, y tanto el regulador británico como el japonés dependen en un 86% de las farmacéuticas. Paradójicamente, el regulador menos dependiente de la industria es el estadounidense, cuyo presupuesto depende en un 65% de la industria. Los datos son suficientemente elocuentes, y no es necesario hacer ningún esfuerzo valorativo extraordinario para afirmar que los reguladores, entendidos éstos como organismos públicos cuya función sea la de fiscalizar la actividad de la industria, no existen como tal. Lo que tenemos, o mejor dicho, padecemos en su lugar es un engendro de apariencia pública que convierte a la industria en juez de sus propios actos. Los reguladores no regulan nada, y la farmacovigilancia como tal no existe, ya que los ensayos son dirigidos por empresas subcontratadas por las farmacéuticas. Son las llamadas Organización de Investigación por Contrato, conocidas por su acrónimo CRO,por sus siglas en inglés. Este modelo de empresas bien daría para un capítulo propio, pero simplemente a título ilustrativo compartimos la siguiente reflexión: ¿Qué incentivo encontraría una empresa subcontratada en decirle a una determinada farmacéutica contratante que su producto no está presentable para salir al mercado? La pregunta es retórica, evidentemente. No existe ningún incentivo, más bien al contrario. Es habitual encontrar que las CRO participen en la ceremonia de la confusión, en el conflicto de interés que todo lo enturbia, anulando la función de los reguladores.
La clase médica: cooperadores necesarios.
Para que las farmacéuticas tengan la capacidad de presionar a los gobiernos es indispensable que los médicos prescriban los medicamentos. Por ello, la acción de relaciones públicas de las farmacéuticas siempre ha tenido en la diana a este colectivo. No sólo por la importancia de la prescripción, sino por su labor de reforzador de opinión en los medios de comunicación. Cada día es más frecuente ver a médicos en programas de televisión y radio hablando sobre las bonanzas de un determinado fármaco, aunque sin duda ha sido gracias a la pandemia que la figura del médico como líder de opinión ha sufrido un crecimiento exponencial. Lo que resulta menos habitual, por no decir totalmente inusual, es ver al presentador del programa solicitar al facultativo información sobre sus potenciales conflictos de interés. Y es que, como veremos a continuación, los conflictos de interés, fundamentalmente en grados más altos de la jerarquía de la profesión médica, son la norma de comportamiento. Según una encuesta realizada porIpsosen 2021 en 28 países, los dos colectivos profesionales que mayor confianza generan son precisamente los médicos en primer lugar, con un 64% de grado de confianza y sólo un 10% de desconfianza, y en segundo lugar, los científicos con un 61% de confianza y también un 10% de desconfianza. Por contra, los menos valorados son los políticos (10%) y los ejecutivos de publicidad (14%). En España es todavía mayor el grado de confianza, que asciende a un 71%, del mismo modo que la percepción general sobre los políticos caía a un 7%. Por ello, no es casual que los políticos se hayan parapetado detrás de “expertos” y de la “ciencia” a la hora de comunicar sus políticas de salud pública durante la pandemia.
Este grado de confianza en términos generales en el colectivo médico contrasta con lo expuesto a lo largo de esta investigación. Ello demuestra que la opinión pública no está informada respecto de las prácticas de la industria farmacéutica y el recurrente soborno de facultativos. Un caso verdaderamente paradigmático que ilustra a la perfección el modus operandi de la industria es el caso de Novartis, en que se acusaba a la compañía de sobornar a más de 4.500 médicos en Grecia para que prescribiesen medicamentos cuyo precio de mercado estaba inflado. El caso de Novartises un ejemplo paradigmático de una práctica que no es en absoluto novedosa, ni particular de un determinado país. En España, aunque el modelo es sofisticado y quizás sea discutible definirlo como soborno, el planteamiento es similar. Médicos considerados por la industria como líderes de opinión son incluidos en programas de charlas organizados por la industria farmacéutica, por las que son remunerados, en las que los gastos de hotel, transporte y dietas corren a cargo de las farmacéuticas, tanto de los ponentes como de los asistentes a los mismos. Además, los ponentes, generalmente personas de referencia, jefes de servicio de hospitales públicos, reciben generosos emolumentos por sus ponencias, diseñadas para hablar positivamente de un determinado producto que la farmacéutica organizadora pretende poner en el mercado o mejorar sus ventas. Nada muy diferente al modelo por el cual los ejecutivos de Purdue Pharma consiguieron que miles de médicos en Estados Unidos comenzasen a recetar OxyContin para usos no oncológicos, provocando así una catástrofe de salud pública cuyas consecuencias están hoy día lejos de poder atajarse.
Otro sistema utilizado por la industria para fidelizar a “reforzadores” de opinión del sector médico, consiste en su inclusión en ensayos clínicos recibiendo pagos por cada paciente incluido. Este es otro método, bastante utilizado, que además no suele estar incluido en los listados de transferencias de valor de las farmacéuticas. Una tercera vía de financiación suele ser la financiación de las propias sociedades médicas. Este aspecto resulta especialmente interesante para el objeto de este estudio, ya que estas sociedades médicas a menudo envían notas de prensa recomendando el uso de ciertos productos, o aconsejan al gobierno, ya sea central o autonómico, sobre la compra de ciertos productos. Desde 2016, debido a la presión ejercida por ciertos sectores políticos tras el escándalo de la “falsa pandemia” de la gripe A y la consabida implicación de altos cargos y consejeros de la OMS, las farmacéuticas en España, asociadas en lobby, decidieron impulsar un Código de Buenas Prácticas que no es más que una declaración de buenas intenciones, una suerte de autorregulación sin valor jurídico que no vincula a sus miembros. Pese a la vaguedad de la medida, la mayoría de los médicos se mostraron en contra de la misma.
Según una investigación realizada por Civio, en el año 2017, las farmacéuticas gastaron 182 millones de euros en transferencias de valor a médicos, de los cuales 1,6 millones fueron a parar a las cuentas corrientes de 18 de ellos, que es lo que conocemos como “reforzadores de opinión” (según la terminología de Edward Bernays, considerado por muchos como el padre de las relaciones públicas modernas). De modo similar, las sociedades médicas recibieron en España una cantidad de 130 millones de euros. Un sistema de fidelización de médicos que es legal, aunque ciertamente discutible, que además resulta bastante rentable al parecer. Según un estudio de ProPublica del año 2014 señala que los doctores que reciben emolumentos de alguna farmacéutica tienden a prescribir en mayor medida sus medicamentos. La prescripción es de un 20% entre los que no reciben ningún pago, ascendiendo a un 30% entre los que reciben más de 5.000 dólares. Esta es una de las causas de que el negocio farmacéutico sea el más rentable del mundo, con una valor de más de 700.000 millones de dólares, por delante de las armas, el petróleo o la banca.
También los legisladores en materia de salud pública se ven afectados por esta manera de proceder del cártel farmacéutico. Resulta lógico, incluso deseable, que los gobernantes acudan a pedir el consejo de asesores independientes y expertos en la materia para valorar la toma de medidas concretas. ¿Pero qué ocurre cuando esos mismos asesores reciben dinero de empresas cuyos productos se valora adquirir? Como afirma la asociación No Gracias, una organización civil dedicada a velar por la integridad y transparencia en las políticas de salud pública, todos los miembros del comité asesor de vacunas contra la COVID-19 de la Asociación Española de Pediatría habrían recibido pagos de la industria farmacéutica durante el año 2020, hecho que se repite en mayor envergadura en el 2021 como hemos podido comprobar en la investigación que llevamos a cabo para el programa Grupo de Control, en la que escrutábamos los portales de transparencia de las cuatro empresas implicadas en la fabricación y venta a los gobiernos de vacunas contra la COVID-19, a saber, Pfizer, GSK, AstraZeneca y Janssen, datos que se pueden contrastar en los diferentes portales de transparencia de dichas farmacéuticas.
Y es que no sólo son los médicos los que reciben “transferencias de valor” de parte de las farmacéuticas. También las asociaciones médicas quedan comprometidas mediante donaciones millonarias, resultando finalmente en una mera correa de transmisión de los intereses de la industria. Esta manera de proceder, lejos de remitir, se está consolidando. Según los datos de Farmaindustria, reflejados en este artículo publicado en Cinco Días, la industria farmacéutica habría batido su propio récord en 2023 de pagos destinados a formación o ayudas a la investigación, desembolsando 667 millones en estos conceptos, lo que supone un 14% más que el año anterior. En EEUU, la situación parece todavía más crítica y el conflicto de interés de los facultativos es una cuestión generalizada. Según este interesante estudio publicado en JAMA, el porcentaje de médicos que reciben pagos directos de la industria se encuentra en el entorno del 60% de media. Los patólogos serían los especialistas menos financiados (un 40% de patólogos recibe pagos) y los cardiólogos el colectivo con el que la industria se muestra más “generosa” (un 71% de los cardiólogos recibe pagos).
En resumen, la necesidad de la industria de vender sus productos conlleva una presión enorme a los profesionales de la medicina, haciendo del conflicto de interés una norma del sector. El papel de los médicos en lo concerniente a nuestra investigación es de especial relevancia, ya que son, en gran medida, los encargados de generar confianza, entre sus propios colegas singularmente, y en la opinión pública de manera general, a través, fundamentalmente, de los medios de comunicación.
El secuestro de la medicina basada en la evidencia.
Hacemos referencia en el título de este epígrafe a una expresión usada por el profesor de medicina y datos biomédicos de la Universidad de Stanford, John P.A. Ioannidis, en su estudio titulado “La Medicina Basada en la Evidencia Ha Sido Secuestrada”. Ioannidis, cuya posición crítica con respecto del modo en que se estaban tomando decisiones sobre salud pública durante la pandemia le valió la censura en muchas plataformas de redes sociales, publicaba un metaanálisis sobre la calidad de 1394 revisiones sistemáticas de estudios publicados y revisados por pares entre Enero de 2013 y junio de 2014, de la base de datos de estudios sistemáticos de la prestigiosa ColaboraciónCochrane, máxima referencia en este ámbito profesional de conocimiento. Del mismo se desprendían unos datos que resultan cuando menos preocupantes. Sin ánimo de ser exhaustivos, los datos concluían que la calidad de la evidencia obtenida para los primeros resultados primarios era en un 13,5% de los casos alto, un 30,8% moderada, un 31,7% bajo, y en un 24% muy baja. Incluso cuando se consideraron todos los resultados enumerados, solo el 19,1% tuvo al menos un resultado con evidencia de alta calidad. De los que tenían buena calidad de evidencia, sólo 25 tenían ambos resultados significativos y una interpretación favorable de la intervención. En definitiva, menos de un 2%. Sin embargo, de los 1394 ejemplos, el 96% afirmaban tras su revisión por pares haber obtenido resultados significativos.
En la revisión relativa a los 185 estudios que analizaban la posible relación de los medicamentos antidepresivos con una posible mayor tasa de suicidios, se demostraba que el 29% de los mismos tenían autores que eran empleados de las empresas fabricantes, 147 (79%) estaban esponsorizados por la propia industria o alguno de sus participantes tenía vínculos con la industria. Conclusiones: sólo 58 de los 185 incluyeron alguna apreciación negativa sobre la relación entre suicidios y antidepresivos. Los metaanálisis que tenían entre sus participantes a algún miembro de la industria, tenían 22 veces menos probabilidades de incluir alguna apreciación negativa. En un estudio de 2018 también dirigido por Ioannidis, en que se analizaba la transparencia de los datos ofrecidos en los estudios, de los 149 estudios elegidos aleatoriamente, un tercio de los mismos no incluía información sobre la financiación. En la misma línea de falta de transparencia, sólo uno de los 104 artículos con datos empíricos incluía un enlace a un protocolo de estudio completo y ninguno ofrecía los datos en crudo sin procesar, fundamentales para la replicación del estudio y una revisión por pares eficaz.
Estos son sólo dos ejemplos que señalan evidencias de falta de rigor, transparencia, y por supuesto de veracidad, pero ni por asomo son los únicos. De manera similar se expresaba en este estudio, en el que se señala una situación similar en la investigación española. Cabría preguntarse entonces a qué responde exactamente la falta de fiabilidad de la ciencia médica. En nuestra opinión es el propio modelo el que falla. Los individuos, ya sean investigadores o periodistas de divulgación médica, se ven sometidos a la presión ejercida por una industria ávida de beneficios rápidos, y ello actúa en detrimento del rigor científico y de la fiabilidad de los datos. Por eso, aunque la percepción de la opinión pública mayoritaria permanezca completamente ajena a esta realidad, como se afirma en el título de este artículo de Ioannidis, “la mayoría de los hallazgos en investigación publicados son falsos”. ¿Cómo si no se puede explicar que este investigador de la Universidad de Córdoba fuese capaz de publicar un estudio de investigación cada 37 horas? Y ese es precisamente el problema de la investigación en el ámbito universitario: que si no publicas, mueres.
Los medios especializados: un modelo de propaganda.
Como vemos, el modelo de información científica, de manera análoga al de investigación , se trata de un modelo que prima la cantidad sobre la calidad, la rentabilidad sobre el progreso científico genuino y el sensacionalismo o la posverdad sobre la veracidad y la transparencia. Y en ello, una parte bien significativa de la responsabilidad la ostentan los medios de comunicación, ya sean estos generalistas o singularmente los medios especializados. Sobre los medios generalistas y su abyecto papel en la “gran narrativa” hablaremos largo y tendido en una próxima entrega de esta serie. Sin embargo, no queremos dejar pasar la oportunidad de compartir la reflexión que hacía Gonzalo Casino en este artículo. Casino afirmaba que la “comunicación” ha ido sustituyendo al “periodismo” en las secciones de ciencia y salud de los medios, debido en parte a que la crisis del periodismo de principios de siglo, las sucesivas reducciones de plantilla en la adaptación al nuevo entorno digital, derivó en una falta de especialización de sus redactores, de modo que se convirtieron en mera correa de transmisión de las notas de prensa de las propias empresas farmacéuticas. Es por ello que no se puede hablar de verdadera información de salud, sino simple y llanamente propaganda interesada o marketing. En el caso de los medios especializados, la situación resulta, sí cabe, aún más preocupante. Si bien en los medios generalistas hemos establecido una relación de propiedad cruzada, siendo los accionistas de las empresas farmacéuticas y de los propios medios en gran medida los mismos, en los medios especializados el interés es directo, ya que la financiación de los propios medios proviene de la industria. Así lo demuestra este artículo del British Medical Journal (BMJ) en un estudio realizado en 2014 sobre la financiación de los medios especializados en Estados Unidos. De las 713 publicaciones elegidas para el estudio, más del 50% recibía pagos generales de la industria, y un 19% recibía pagos en concepto de pagos para investigación. El estudio concluía que los editores de estas revistas debían revisar el modelo, ya que podría resultar en una falta de confianza de la opinión pública en sus publicaciones.
Un modelo delictivo
Todo el escenario descrito hasta ahora favorece que las farmacéuticas campen por sus respetos, consagrándose un modus operandi que no puede ser definido de otro modo que delictivo. Compartimos este esclarecedor estudio publicado en la ya mencionada revista JAMA, en que se recogen sistemáticamente todas las sentencias y multas impuestas a empresas farmacéuticas en EEUU entre los años 2003 y 2016. En los resultados del estudio se concluye que, de las 26 empresas analizadas, 22 tenían historial delictivo, lo que supone un 85%. No es una manzana podrida sino un cesto repleto de ellas. La empresa que más multas acumulaba por sus prácticas era GlaxoSmithKline (GSK) con 27 y casi 10.000 millones de dólares, seguida por Pfizer con 18 y casi 3.000 millones. También llama la atención que la duración media de los delitos cometidos por estas dos empresas era de más de 7 años en el caso de GSKy de casi 6 años en caso de Pfizer, lo que viene a confirmar la ineficacia de las administraciones a la hora de controlar estas prácticas, que cómo sabemos, no sólo suponen un perjuicio económico grave para los Estados, sino en muchos casos, un peligro de primera magnitud para la salud pública, como en los casos ya mencionados del OxyContino del Subsys, fármacos responsables de una verdadera pandemia de adictos a los opioides que deja tras de sí la escalofriante cifra de medio millón de muertos por sobredosis en Estados Unidos.
Disciplinar a los honrados
Siempre hay quien no comulgue con las prácticas mafiosas del sector. Honrosos casos de personas que hacen su trabajo con diligencia y con verdadera vocación de servicio público. Sirva de ejemplo paradigmático el calvario judicial al que se fue sometido el experto en farmacovigilancia, Joan Ramón Laporte, a cuenta de sus opiniones vertidas sobre el ya mencionado Caso Vioxx. Más recientemente, Joan Ramón Laporte fue invitado a participar en la comisión de investigación sobre vacunas del Congreso de los Diputados , en la que ofreció una visión crítica sobre las mismas. Puede comprobarse en este titular cómo los medios no fueron precisamente amables con Laporte, etiquetado aquí como “un negacionista en el Congreso”. Tildar de negacionista a una eminencia en su ámbito de la magnitud de Laporte, sería análogo a tildar a Albert Einstein de “terraplanista” . Sin ningún género de dudas supone un absoluto dislate. No resultará una sorpresa este trato por parte de medios como La Sexta o El Mundo. Es burdo pero vamos con ello. Otro caso paradigmático de maltrato al disidente es el del ya mencionado Germán Velásquez, antiguo cargo directivo de la OMS, que denunció ataques físicos de encapuchados por su posición pública de crítica abierta a la industria farmacéutica y sus prácticas, plasmadas en el llamado Libro Rojo de la OMS.
Más recientemente, fue bastante sonado el caso de Brook Jackson, una trabajadora de Ventavia Research Group. Ventavia es una CRO (Organización de Investigación por Contrato) que dirigía los ensayos clínicos fase III de la vacuna de Pfizer contra el Covid-19. Brook Jackson denunció graves irregularidades en los ensayos, que incluían falsificación de datos, falta de seguimiento de casos o la revelación de la condición de placebo a los participantes, rompiendo el doble ciego y viciando de nulidad todo el ensayo. Lo que encontró Brook Jackson como premio a su honestidad y su diligencia profesional fue un despido, seguido de una campaña de desprestigio por todos los medios posibles. Del mismo modo que le ocurrió a Jackson, los médicos que tienen el coraje de denunciar efectos adversos pueden sufrir también en sus propias carnes el ataque de su propio sector. Recientemente, The Telegraph publicaba un artículo con este elocuente titular. Según The Telegraph, médicos del Sistema Nacional de Salud del Reino Unido, remitieron a denunciantes al Consejo Médico General (GMC, equivalente al Colegio de Médicos en España) para “intimidar” a los denunciantes, según el propio GMC. Según la profesora Dame Carrie MacEwen, presidenta del Consejo Médico General (GMC), el sistema para evaluar la aptitud de los médicos para ejercer se está utilizando como arma contra quienes plantean preocupaciones sobre la seguridad del paciente. Los datos son escalofriantes. De los 47 médicos que fueron investigados, 25 habían sido amenazados con ser reportados al GMC si denunciaban los efectos adversos, y 20 de ellos denunciaban que los reportes habían sido fabricados sobre la base de información falsa. Como vemos, si los sobornos y los regalos no consiguen quebrar la honorabilidad de los profesionales, la industria siempre sabe encontrar métodos más expeditivos para ocultar sus actividades.
Hemos buscado plasmar con la máxima fidelidad el modelo de conflicto de interés del que la OMS es la cúspide. La primera copa sobre la que derramar el champán de nuestra analogía, que fluye con dirección a la base de la pirámide hasta finalmente llenar todas las copas, ya sea mediante sobornos o amenazas. Como rezaba el icónico tema de Queen, The Show Must Go On, el negocio no puede parar, y por ello cabe tomar en serio las amenazas de Tedros Adhanom. El Tratado se acabará aprobando como se han aprobado las enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional. El entramado internacional articulado en torno al credo de One Health es demasiado grande para simplemente dejarlo caer. Demasiados millones de dólares invertidos en un modelo que necesariamente buscará amortizarse. En el próximo capítulo, hablaremos de la “Gran Narrativa” del Covid-19 y de todos sus puntos ciegos, que son muchos como los lectores podrán comprobar por sí mismos. Mientras escribo estas líneas, testifica en el Subcomité del Congreso de EEUU Anthony Fauci, director del NIAID, y uno de los principales personajes sobre los que reposa la narrativa de terror pandémica.