Los tribunales sudafricanos han impuesto a su gobierno lo que en Europa no ha sido posible: la publicación de los contratos firmados entre Pfizer y el gobierno para la compra de las vacunas contra el “covid” (1).
Los contratos ponen de relieve que la vacunación se realizó sin el más mínimo respeto al principio de precaución, es decir, sin los preceptivos ensayos previos. “El producto ha completado los ensayos clínicos de Fase 2b/3 y, a pesar de los esfuerzos de investigación, desarrollo y fabricación de Pfizer, el producto puede no tener éxito debido a dificultades o fallas técnicas, clínicas, regulatorias, de fabricación, de envío, de almacenamiento u otras”.
La vacuna fue improvisada a toda velocidad. No se sabía el alcance de los efectos adversos: “El Comprador reconoce que la vacuna y los materiales relacionados con la vacuna, y sus componentes y materiales constitutivos, se encuentran en rápido desarrollo debido a la situación de emergencia y continuarán estudiándose después del suministro de la vacuna al Comprador en virtud de este Acuerdo. El comprador reconoce además que los efectos a largo plazo y la eficacia de la vacuna no se conocen en este momento y que puede haber efectos indeseables de la vacuna que aún no se conocen”.
Todos son beneficios. La multinacional no corría con ningún gasto: “El comprador es responsable de todos los costos relacionados con la retirada o retirada del mercado del producto en Sudáfrica, incluidos, entre otros, los costos razonables incurridos por o en nombre de Pfizer y sus afiliados o de BioNTech y sus empresas afiliadas […] excepto en la medida en que dicha retirada o retirada del mercado resulte de una mala conducta intencionada por parte del fabricante”.
Tampoco tenía ninguna responsabilidad: “Pfizer no es responsable por la falta de entrega de dosis de acuerdo con las fechas de entrega establecidas en este documento (aparte de lo expresamente previsto en este Acuerdo), y dicha falta de entrega no le da al Comprador el derecho de cancelar pedidos de cantidades de productos”.
Todo lo que aseguraron los medios de comunicación sobre la vacuna de Pfizer era, pues, falso. Nunca un fármaco se inoculó con tan absoluta falta de garantías por parte del fabricante.
Esta publicación por orden judicial marca un hito histórico. Hasta ahora las empresas farmacéuticas no han publicado toda la información necesaria para proceder a una revisión sobre la eficacia y la seguridad de las vacunas contra el coronavirus. Según un estudio de la la Universidad de Toronto y de la ONG alemana “Transparencia Internacional”, sólo han publicado el 45 por ciento de los datos de las pruebas clínicas de las vacunas, y de ellos, el 41 por ciento no aportó más que las conclusiones. En otras palabras, lo que sabemos de ellas es insignificante y no hay manera alguna de comprobar si la propaganda sobre su “efectividad” es cierta.
Las conclusiones se basan en el análisis de los datos clínicos de los estudios de efectividad de una veintena de las vacunas, entre ellas las de Pfizer, AstraZeneca y Moderna, y 183 contratos entre gobiernos y farmacéuticas.
La opacidad de los ensayos de las vacunas y la censura existente sobre los contratos de los gobiernos europeos con las farmacéuticas, no es ninguna novedad, a pesar de que la transparencia en los ensayos clínicos es la única forma de comprobar su seguridad y eficacia.
Con respecto a los contratos, “Transparencia Internacional” critica que de los pocos que se han hecho públicos, casi todos incluyen omisiones significativas de información clave, como el precio total a pagar, el precio de cada dosis y el calendario de entregas.
Sólo el 7 por ciento de los contratos se han difundido por los canales oficiales y de ellos, sólo uno no fue censurado. No obstante, se sabe que los países pobres pagan más por la misma vacuna que los más desarrollados. Por ejemplo, Sudáfrica pagó un 25 por ciento más por dosis que la Unión Europea, motivo por el que tal vez el tribunal haya ordenado al gobierno la publicación de los contratos.
“Transparencia Internacional” insta a la industria farmacéutica a hacer públicos los protocolos de los ensayos clínicos, anunciando sus resultados generales a los medios y poniendo todos los detalles a disposición de los científicos y de las revistas especializadas para que sean revisados pero hasta el momento la industria farmacéutica “calla como una perra”
La publicación del contrato sudafricano, sin ser un mega notición – ya se sabe lo que hay bajo el sol y quien no lo sepa, es caso perdido – sí que pone a las claras y prueba de manera definitiva que todo el aspecto sanitario de esta coronafarsa ha sido, como mínimo, un fraude para favorecer a las farmacéuticas. La pregunta, centrándonos sólo en este estrecho ámbito es, cómo ha alguien en su sano juicio se le ocurre firmar un contrato en el que corre con todos los gastos y las responsabilidades sin que además se le ofrezcan garantías de lo que compra. O bien nos gobiernan deficientes mentales (algo palpable notorio en la mayoría de los casos, jodánse no haber votado) o bien gobiernan los lacayos de los mismos dueños de las farmacéuticas que firman eso porque quien lo paga y lo sufre todo es usted (jódanse no haber votado).
Así está el tema, amigos.
Notas
(1) https://healthjusticeinitiative.org.za/pandemic-transparency/
Fuentes