El parlamento europeo aprobó la “Cartera de Identidad Digital” que establece un sistema en el que los ciudadanos de la Unión Europea almacenarán en formato digital sus datos y documentos, como el de identidad personal y/o la solicitud de una tarjeta sanitaria. Además se vinculará con sus cuentas bancarias por medio de otras aplicaciones como el “wallet digital” (que permiten realizar pagos y compras virtuales).
Los usuarios de la nueva “cartera virtual”, instalada en los dispositivos electrónicos de cada ciudadano, dispondrán de acceso digital transfronterizo a servicios públicos y privados, así como la posibilidad de guardar, compartir y firmar documentos de manera electrónica, compartir datos de filiación, el historial médico, información financiera, permiso de conducir, títulos universitarios, membresías, etc.
Ursula von der Leyen, presidente de la Comisión Europea y promotora de la ley, aseguró: “La Comisión propondrá una identidad electrónica europea fiable que todo ciudadano pueda utilizar en cualquier lugar de Europa para cualquier tipo de operación, desde el pago de sus impuestos hasta el alquiler de una bicicleta. Una tecnología que nos permita controlar qué datos se utilizan y cómo”.
Según la página oficial del Parlamento Europeo “La ley prevé ‘firmas electrónicas cualificadas’ gratuitas para los usuarios de billeteras de la UE, que son las más confiables y tienen el mismo estatus legal que una firma manuscrita, así como interacciones de billetera a billetera, para mejorar la fluidez de los intercambios digitales. Los eurodiputados también han ordenado una billetera de código abierto para fomentar la transparencia, la innovación y mejorar la seguridad. También establecen reglas estrictas para el registro y la supervisión de las empresas involucradas para garantizar la rendición de cuentas y la trazabilidad”.
Cabe remarcar que Evelin Witlox, siendo directora del programa del euro digital del Banco Central Europeo (BCE), promueve la digitalización de la moneda y aseguró que el euro digital hará que Europa sea “más resiliente”, y también facilitará los fondos a empresas privadas con el objetivo de innovar y desarrollar servicios financieros adicionales.
“Los datos muestran que hay una brecha entre las preferencias de pagos de los europeos y el dinero del banco central, que actualmente solo está disponible en forma de efectivo”.
Desde la entidad financiera, (BCE), anunciaron que la moneda digital está en una “fase de preparación”.
Javier Pascual y María Gracia Rubio de Casas, expertos en derecho digital y regulatorio financiero, citados por The Objective, expresaron sus críticas a la nueva normativa: “Aquí hay varias preguntas, una de ellas inmediata: ¿quién decide qué tipo de contenidos van a tener un acceso restringido? Y, en un grado menos evidente, ¿quién puede saber ahora que yo consumo ese contenido, o que compro cualquier cosa por internet?”, cuestionando qué se haría con toda esa información.
Además, los ciudadanos podrían verse obligados a tenerla para optar a ciertos puestos de trabajo, solicitar plaza en una universidad, ir al médico, pedir un préstamo, alquilar una casa u otras actividades del día a día.
Esta medida va en la linea, y supone un paso más, de la idea lanzada por la Comisión Europea hace año y medio de crear un Espacio Europeo de Datos Sanitarios (EHDS en inglés) digitalizado que entraría en vigencia en 2025. Según el vicepresidente de la Comisión, Margaritis Schinas, en el “contexto de una pandemia”, la propuesta “es revolucionaria” y “facilitará el tratamiento de los ciudadanos”. Las farmacéuticas también tendrán acceso a los datos, supuestamente en forma anónima, para “mejorar el desarrollo de medicamentos y vacunas”, mediante el uso del Big Data y la Inteligencia Artificial.
La propuesta es básicamente una forma de profundizar la coordinación y control, siguiendo los pasos de lo realizado con el Certificado Digital y la recién aprobada “Cartera digital”, que permitía evidenciar el estado de inoculación de los ciudadanos, tanto para poder viajar entre los países como para poder ingresas a empresas y lugares públicos. La idea es crear un formato común sobre los resúmenes de los pacientes, las recetas electrónicas, las imágenes y los informes de imágenes, los resultados de laboratorio y los informes de alta.
Se ha criticado esta medida tanto por el uso oficial que se le puede dar a los datos, por entidades supraestatales y farmacéuticas, como por las consecuencias que podrían derivar de filtraciones y hackeos de los mismos.
El costo de la iniciativa oscilará entre los 700 y los 2500 millones de euros, si bien los países gastarán otros 12.000 millones de euros para digitalizar sus sistemas de salud.
La idea es unificar los datos sanitarios de todos los ciudadanos de modo que puedan ser consultados por cualquier servicio médico en cualquiera de los 27 países. La finalidad es, según la comisaria encargada de Salud, Stella Kyriakides, “facilitar los tratamientos y las recetas con independencia del país en el que estás, con la información acumulada en todos los centros”. En segundo lugar “permitirá un uso de los datos para investigadores y expertos”.
Las instituciones públicas y la industria farmacéutica tendrán acceso a grandes cantidades de datos de salud de alta calidad, cruciales para desarrollar tratamientos, vacunas o dispositivos médicos.