Reino Unido impondrá multas de hasta 15.000 libras esterlinas (17.455 euros) y penas de un año de prisión a los propietarios de viviendas que incumplan las normas de neutralidad de carbono al negarse a instalar bombas de calor y otros cambios energéticos.
Es una sanción detrás de otra que acabará atosigando a la inmensa mayoría de la población británica. Los infractores ya están pagando hasta 14,60 euros al día para poder conducir un coche que no cumple los criterios de la zona “ulez”. La sangría no ha hecho más que empezar.
Según la nueva legislación, que fue aprobada por la Cámara de los Comunes, los propietarios de inmuebles podrían terminar tras las rejas si no instalan una bomba de calor.
Cualquiera que venda o alquile una propiedad deberá obtener un certificado de eficiencia energética. Los inspectores tendrán la facultad de ordenar “mejoras” e impedir la venta o alquiler del inmueble si no se cumplen al pie de la letra. Estas mejoras incluirán la instalación de bombas de calor, aislamiento de habitaciones, doble acristalamiento y “dispositivos inteligentes”.
La instalación obligatoria de refrigeradores, lavadoras, calentadores de agua y más, todos conectados a internet, permitirá al gobierno y a las compañías de energía monitorear el consumo de electricidad y cortar el suministro si creen que el usuario está consumiendo demasiado.
Los debates parlamentarios sobre la nueva ley no han podido ser más delirantes. La diputada Caroline Lucas pidió el fin de toda exploración de gas y petróleo, con el argumento de que Reino Unido debe liberarse de la dependencia de Putin.
Ed Miliband, Secretario de Estado de Energía y Cambio Climático, propuso una enmienda para obligar a la red eléctrica a deshacerse de todos los combustibles fósiles para 2030.
Sólo 19 diputados votaron en contra del proyecto de ley, que llega tras un fallo de los altos tribunales británicos que instan a espolear el cambio energético.
Este fallo se produjo en julio de 2022; el Tribunal Superior del Reino Unido determinó que el gobierno no había presentado una estrategia adecuada para cumplir con sus ambiciones de cero emisiones netas para 2050 y le ordenó que esbozara un plan detallado de reducción de emisiones. El gobierno debía, por orden del tribunal, presentar un nuevo plan antes de abril de 2023.
La demanda fue presentada ante el Tribunal Superior por las ONG Friends of the Earth, ClientEarth y The Good Law Project, que argumentaron que el gobierno no estaba cumpliendo con sus obligaciones en virtud de la Ley de Cambio Climático de 2008. La Ley de Cambio Climático estableció que es el deber del Secretario de Estado garantizar que el Reino Unido reduzca sus emisiones en un 100% en comparación con 1990 para 2050.
Según los demandantes, la Estrategia Net Zero del gobierno, presentada el año pasado justo antes de las reuniones de la COP26 en Glasgow, no incluía los datos necesarios para evaluar su eficacia en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, una afirmación que el tribunal consideró justificada. Ahora, el gobierno, una vez acabado el plazo que tenía hasta abril de 2023 para presentar un nuevo informe de Estrategia Net Zero que describa y cuantifique las formas en que sus políticas de cero neto lograrán los objetivos de emisiones, ha llevado a votación parlamentaria este nuevo proyecto de ley, con sanciones incluídas, para la descarbonización. Como ya se ha visto, el gobierno ha ganado la votación por un amplísimo margen.
Este es el último de una serie de casos judiciales iniciados por ONG contra gobiernos e instituciones por su “falta de acción para contrarrestar el cambio climático”: el Informe de Litigios Climáticos Globales 2020 del Programa para el Medio Ambiente de la ONU encontró que entre 2017 y 2020, el número de tales casos judiciales creció de 884 en 24 países a por lo menos 1550 en 38 países.
Los tribunales encuentran cada vez más a los gobiernos culpables de no hacer lo suficiente contra el cambio climático. A principios de 2021, un tribunal de París determinó que el estado francés no había tomado medidas suficientes en un caso presentado por cuatro Organizaciones No Gubernamentales y, como tal, era parcialmente responsable del cambio climático. En un fallo de seguimiento en octubre pasado, ordenó al gobierno reducir las emisiones de carbono del país en alrededor de 15 millones de toneladas, para alcanzar la meta establecida en el primer presupuesto de carbono (2015-2018) para fines de 2022.
El gobierno del Reino Unido ahora tiene que, una vez prepararado un nuevo informe de Estrategia Net Zero que cuantifique claramente las reducciones de emisiones, ponerlo en práctica en forma de ley. “La adición de puntos de datos medibles promoverá la transparencia y la rendición de cuentas en la acción climática. Esto sigue una tendencia general de hacer que los objetivos climáticos se basen más en datos, en lugar de aspiraciones, para combatir el greenwashing”, declaran las ONG.
El momento de esta revisión es interesante, ya que la guerra entre Ucrania y Rusia y la “amenaza resultante de una escasez de gas natural” ha llevado a muchos países europeos a priorizar la seguridad energética sobre la descarbonización, mediante la aprobación de nuevos desarrollos de combustibles fósiles en casa. De hecho, al menos tres nuevos desarrollos de petróleo y gas o carbón han sido aprobados por el gobierno del Reino Unido desde la COP26.
Objetivos climáticos basados en datos
Las nuevas mediciones y la base de las nueves leyes sobre el clima “se basan en la tecnología blockchain para desarrollar objetivos climáticos alineados con datos medibles y para realizar un seguimiento de ellos a lo largo del tiempo y a través de las fronteras. De hecho, el blockchain se basa en la gobernanza y el almacenamiento de datos descentralizados”, según el portal Climatetrade. Además, dado que todos los datos almacenados en blockchain son inmutables, permite una trazabilidad completa en todas las transacciones.
Todas las soluciones que intentará implementar la ley británica de descarbonización se basan en la infraestructura blockchain, lo que respalda los “esfuerzos de transparencia e informes ESG de las empresas y garantiza el impacto real de sus actividades de compensación de carbono.”
Así pues vemos que cuando el Estado no se esfuerza lo suficiente o no es lo suficientemente rápido para imponer las nuevas agende verde globalista, las ONG (muchas de ellas de grandes filántropos multimillonarios, o financiadas mediante “donaciones” por grandes fondos de inversión) y el aparato judicial, espolean y sirven de animador para aplicar las medidas de la agenda 2030. La separación de poderes funciona y ahora los británicos que no reformen su vivienda para hacer de ella un espacio “inteligente”, es decir que no dejen que el control social entre a sus domicilios, irán a prisión o tendrán que aflojarse el bolsillo.
Fuentes