Parece ser que el terrorismo de estado avanza.
El Primer Ministro del estado australiano de Victoria, Daniel Andrews, ha pasado los dos últimos años convirtiendo Victoria en un estado policial. El daño que ha hecho ha sido colosal económica, social e incluso médicamente. Miles de empresas se han arruinado y el Estado se ha endeudado: de 29.000 millones en 2019 a unos 155.000 millones en 2023. Los problemas de salud mental se han disparado debido a los dos años de contención y a muchos se les ha impedido recibir el tratamiento médico que necesitan debido a la atención exclusiva prestada al coronavirus.
En 2020, más de 650 personas murieron en los asilos de ancianos. Las investigaciones oficiales han señalado a los gobiernos federal y estatal y a la dirección de los hogares por negligencia y mala administración. De las 915 personas que murieron con el virus desde enero del año pasado hasta julio de este año, 820 estaban en el estado de Victoria.
Ahora Andrews sigue adelante con su desvarío. Acaba de llevar al parlamento una legislación que le permite convertirse en un estado policial, como el que ha venido imperando desde hace un año y medio. No hubo debate público, ya que no se supo nada de la legislación fuera del gobierno hasta el día anterior a la presentación del documento de 121 páginas en el parlamento.
El proyecto de ley de salud pública, bienestar y gestión de pandemias permite al Primer Ministro declarar una pandemia aunque no la haya. Sólo tiene que pensar que puede haber una. En tal situación puede asumir el control personal total del Estado y de su población. Puede aislar partes del territorio o en su totalidad e impedir que la población entre o salga del mismo. Puede ampliar los cierres sin límite.
La aplicación de la ley estará en manos de la policía y de los “agentes autorizados”, es decir, milicias auxiliares de matones. Las personas pueden ser detenidas hasta dos años y tendrán que pagar el coste de su propia detención en el gigantesco campo de internamiento que se ha construido en Mickleham, en las afueras de Melbourne. La legislación permite a la policía hacer un “uso razonable de la fuerza” para ayudar a los “matones” cuando los detengan.
El campo de Mickleham tiene capacidad para albergar a miles de personas. Las víctimas probables de este campo de concentración australiano serán los disidentes, políticos o sanitarios, por los supuestos peligros para la salud. Maltratados por los políticos y los comentaristas de los medios de comunicación, excluidos de muchas de las actividades normales de la vida cotidiana, los disidentes sanitarios se han convertido ya en parias sociales que los que obedecen las órdenes sin duda pensarán que merecen ser encerrados en algún recinto, como el de Mickleham.
La legislación prevé un sistema de puntos para castigar el mal comportamiento, como en el caso de las multas de tráfico. Los particulares y empresarios que no obedezcan a un matón autorizado perderán puntos si la infracción se considera grave.
Las personas pueden ser detenidas en función de sus características, atributos y circunstancias evaluadas por un “funcionario autorizado”, es decit, no por un juez. De esa manra es posible la detención de cualquier persona por cualquier motivo.
Se puede exigir a los detenidos que se sometan a pruebas médicas y se puede prolongar su detención si se niegan a aceptarlas. Si no pueden pagar el coste de su detención durante algún tiempo, serán multados. Todas las órdenes pueden ser ampliadas o modificadas sin límite por el Primer Ministro o el por ministro de Sanidad.
La policía también puede entrar en las viviendas o en cualquier clase de instalaciones sin orden judicial. Se puede extraer información de las personas detenidas, no sólo nombres y direcciones, sino “cualquier otra información” que necesite un “funcionario autorizado”. No se explica cómo podría hacerse si la persona detenida no quiere dar esta información… pero lo podemos imaginar
Las reuniones públicas y privadas pueden ser prohibidas y los negocios cerrados por decisión de un funcionario.
El Primer Ministro, Scott Morrison, aisló a Australia del mundo durante casi dos años. Sus ciudadanos no han podido regresar y deben solicitar una excedencia, de las que se conceden pocas. Sus derechos según el derecho internacional han sido completamente violados. Hay decenas de miles de ciudadanos australianos varados en fronteras, puertos y aeropuertos, donde no tienen acceso a los servicios públicos.
Las fronteras estatales siguen cerradas. Miles de habitantes de Victoria que viajaron al norte para escapar del invierno, llevan tres meses varados en Nueva Gales del Sur porque Andrews cerró la frontera en julio antes de que pudieran regresar. Sobreviven en caravanas y hoteles.
A los diputados que se negaron a vacunarse no se les permitió entrar en el edificio del Parlamento, lo que permitió a Andrews derrotar por poco un intento de abrir una investigación sobre su gestión de la pandemia.
La vicepresidenta de la Comisión de Trabajo fue suspendida de su cargo tras calificar la vacunación obligatoria de violación de la ética médica y del derecho internacional. Se le ha ordenado someterse a una “formación profesional” para que no repita su “error”. La vacunación obligatoria viola las normas deotológicas de la Asociación Médica Australiana, pero ese tipo de normas profesionales son papel mojado.
Austria, país de nombre similar parece que quiere emular a Australia en totalitarismo, pues ha dado un paso más hacia la imposición de un confinamiento total a las personas no vacunadas, después de prohibirles el acceso a una larga lista de lugares públicos.
La prohibición de acceso entrará en vigor esta semana y se aplicará a cafés, bares, restaurantes, teatros, estaciones de esquí, hoteles, peluquerías y cualquier evento en el que participen más de 25 personas.
Las medidas repercutirán en el 36 por ciento de la población que no se ha querido vacunar.
Después de proporcionar un plazo de cuatro semanas para las personas que han recibido una dosis de la vacuna y pueden proporcionar una prueba PCR negativa, se eliminará la opción de proporcionar una prueba negativa.
El gobierno ha establecido un límite de ocupación de la UCI que, si se supera, activará las medidas de confinamiento sólo para las personas no vacunadas.
En cuanto el número de unidades llegue a 600, es decir, un tercio de la capacidad total, se pondrán en marcha las nuevas restricciones. Este número es actualmente de 352, pero está aumentando en 10 por día.
Las restricciones se extenderán más allá de los pasaportes de vacunación, exigiendo a las personas no vacunadas que se queden en casa y sólo salgan por razones “esenciales”, como la compra de alimentos.
Es probable que estas medidas se apliquen de la misma manera que durante el primer confinamiento, con controles policiales sobre el terreno para preguntar a los que circulan por la calle si tienen permiso para salir de su casa.
Austria sería el primer país importante en imponer exclusivamente medidas de arresto domiciliario a las personas no vacunadas, pero esto podría acabar reproduciéndose en otros lugares.
En Rusia, por su parte,tras el fin del confinamiento oficial, las regiones lo han prolongado una semana más, imponiendo códigos QR en los transportes urbanos, condicionando en casi todos los casos el acceso a restaurantes, bares, tiendas, instalaciones deportivas y establecimientos públicos a un documento cuya duración se ha reducido a 6 meses. Casi todos… excepto la capital. Se alzan voces para dar la alarma, pero parece que el cable ha sido cortado.
Durante el confinamiento general de la primavera del año pasado en Rusia, todavía se podía pensar que las élites gobernantes creían realmente en ello, creían que la economía podría lograr por fin este milagro digital tan esperado, que los padres estarían contentos de quedarse en casa y trabajar sin tener que viajar, que los niños (a los que por definición no les gusta la escuela) se verían aliviados de esta carga. Pero la realidad ha superado la fantasía, la economía ha caído en picado, los trastornos mentales han aumentado y los niños -por un tiempo- han empezado a amar la escuela (que es el único efecto positivo).
El confinamieto sólo convence a los convencidos. El viceprimer ministro de Economía anunció de antemano que tendrá un coste para la economía, que ya lucha por recuperarse de dos años de experimentos sociales; los rusos no se manifiestan, pero ignoran esta dudosa legalidad a la que niegan toda legitimidad. La gran guerra sanitaria ha dado paso a una pobre batalla mundialista. La primera víctima de este campo de batalla es el Estado, al que tanto le costó reconstituirse tras los años noventa, y que vuelve a estar desacreditado, vuelve a ser disfuncional.
Al igual que en los noventa, cuando Rusia fue atacada ideológicamente por sus regiones, con la creación local de todas esas ONG y diversos programas internacionales para la defensa de los derechos humanos y la transformación de la sociedad, hoy son de nuevo las regiones las que se activan para poner al país de rodillas.
Moscú y San Petersburgo anunciaron inmediatamente que no prolongarían el confinamiento: el peso comercial es demasiado fuerte. Por otro lado, muchas regiones dudaron y finalmente prorrogaron el confinamiento una semana. Hay que recordar que durante estas “vacaciones” hay que pagar el salario y el empresario no debe cobrar, pero sus ingresos bajarán. Económicamente, esto es un suicidio colectivo.
Además, aunque los códigos QR, que no son nada populares, existen ahora en todas las regiones de Rusia, se refuerzan en algunas regiones, pero no en Moscú. La capital ya probó la operación este verano y el fulgurante fracaso de los códigos QR en bares y restaurantes duró sólo dos semanas. Sólo se mantendrán en los teatros y museos, que ahora ven caer su asistencia de forma dramática, pero la orientación progresista de su gestión permite esta toma de poder… por ahora.
Por otro lado, los códigos QR están apareciendo en la mayoría de las regiones, sine die, para bares, restaurantes, pabellones deportivos, tiendas e instalaciones públicas, lo que hace las delicias de la ministra de Sanidad, Tatiana Golikova. Así, por ejemplo, Tatarstán exige códigos QR en los centros comerciales, Primorsky (Extremo Oriente) en tiendas, instalaciones deportivas, establecimientos culturales, bares y restaurantes y SPA, la región de Rostov en peluquerías, tiendas, hoteles, salones de belleza y saunas, etc. Cabe destacar las regiones que exigen códigos QR para acceder a las tiendas de alimentación, como la de Smolensk, sin que ello plantee dudas en los organismos públicos federales. Por no hablar del aspecto moral, que obviamente ha desaparecido del discurso público dominante, ¿cómo va a sobrevivir la economía de estas regiones, que ya está en mal estado?
Yendo más allá, algunas regiones están imponiendo códigos QR en el transporte urbano; es cierto que el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, había dicho que esto no estaba previsto a escala federal, sino que era una cuestión de las autoridades locales. En Tatarstán, por ejemplo, los mayores de 18 años ya no podrán utilizar el transporte público sin un código QR o un certificado de anticuerpos. Esta medida ha sido adoptada por la región de Kamchatka y se está estudiando en Omsk. Mientras que la región de Altai ha abandonado finalmente la idea, Ufa, en Bashkiria, analiza la cuestión de forma bastante positiva.
Aunque muchas compañías aéreas se declaran partidarias de utilizar los códigos QR para comprar billetes o embarcar, incluso en los vuelos nacionales, dos regiones han impuesto los códigos QR para los vuelos nacionales en estas regiones (Khabarovsk y Kamchatka).
Estos experimentos sociales no son en absoluto del gusto de la población. La asociación de pasajeros se ha dirigido a la viceprimera ministra Golikova, que apoya activamente el desarrollo de los códigos QR en toda Rusia. Según su dirección, creen que esta medida provocará quiebras en serie de las empresas de transporte y un colapso de las operaciones de transporte urbano, mientras que los beneficios para la salud de la medida son muy cuestionables. Recordamos los llamamientos masivos e individuales de los ciudadanos a la Fiscalía exigiendo la cancelación de los códigos QR.
Por cierto, la validez de los códigos QR acaba de ser ampliada, obviamente, a 6 meses, lo que significa que deben ser revacunados dos veces al año.
Si el efecto sanitario de estas extrañas medidas progresivas es muy incierto, los efectos económicos, sociales y políticos son seguros. El declive económico resultante es visible en todos los países que los utilizan, así como el aumento del descontento social y el descrédito de los dirigentes. Rusia no es una excepción, y los índices de satisfacción de la política interior, social y económica lo demuestran perfectamente. Si uno quisiera hacer implosionar a Rusia, no lo haría de otra manera.
Estos países tan dispares no son los únicos, en todo el mundo se implementan o perfilan medidas de represión generalizada. El mes pasado se celebró en París la feria Milipol, una de las mayores del mundo dedicadas a la seguridad interior. Es un lugar de encuentro internacional para las fuerzas represivas, con la flor y nata de las empresas especializadas en técnicas de control de multitudes.
Los acontecimientos deportivos están sirviendo de campo de pruebas para probar dichas técnicas. El año pasado se probó en Metz un nuevo dispositivo de reconocimiento facial a la entrada del estadio. Durante el torneo de Roland Garros la Federación Francesa de Tenis, en colaboración con Cofis, un grupo de presión de empresas privadas de seguridad, acogieron varios experimentos de control de masas.
El Mundial de Rugby de 2023 también servirá para ensayar nuevas técnicas y al año siguiente los Juegos Olímpicos de París darán otra oportunidad a los drones, el reconocimiento facial, los análisis del comportamiento, de las redes sociales, etc.
En 2010 en Río de Janeiro la empresa IBM creó un Centro de Operaciones Integradas, un “centro de mando y coordinación” para preparar los Juegos Olímpicos de 2016. El centro aglutinaba los datos de la ciudad, de los barrios, del transporte, de la meteorología, etc., para obtener información en tiempo real y construir modelos predictivos. Fue el comienzo de la fantasía de una ciudad dirigida por “control remoto”.
Este verano los Juegos Olímpicos de Tokio han sido una exhibición de artilugios tecnológicos (coches autónomos, robots, etc.) y los primeros programas del reconocimiento facial para filtrar el acceso a determinados lugares mediante el escaneo de los rostros de los atletas, periodistas, etc. El sistema fue suministrado por la empresa japonesa NEC y la francesa Atos.
Mientras en Tokio el reconocimiento facial se implementó con una población muy limitada a causa de la pandemia, los Juegos Olímpicos de París 2024 serían el primer gran evento en desplegar este tipo de dispositivos en millones de visitantes. El Ministerio del Interior ya ha comprado 600 drones para utilizarlos en los Juegos Olímpicos.
Los grandes eventos se están convirtiendo en aceleradores y transformadores de la represión política. Permiten incorporar a la corriente principal ciertas tecnologías y prácticas hasta ahora ilegales, rompiendo así las barreras que impeden su generalización: leyes, jueces, derechos, etc.
En Francia la industria de la represión ha formado varios grupos de presión para presionar a fin de que los diputados y jueces no pongan obstáculos al despliegue de los dispositivos de vigilancia. Uno de ellos es Gicat (Grupo de Industrias Francesas de Defensa y Seguridad Terrestre). Su cabecilla, Gérard Lacroix, subraya que los Juegos Olímpicos serán una apuesta esencial para las empresas privadas de seguridad, que pretenden convencer a los parlamentarios de que es necesario cambiar “ciertas leyes” demasiado preocupadas por los derecho y las libertades públicas.
Pero hay varios grupos de presión parecidos, como la referida Cofis y Safe Cluster. El gobierno francés ya ha comenzado a apoyar financieramente estos proyectos a través de la Agencia Nacional de Investigación, especialmente experimentos de videovigilancia automatizada: control de las redes sociales, reconocimiento facial…
Se creará una nueva comisaría, prototipo de la policía del futuro. En Saint-Denis se ha instalado un “centro de supervisión urbana”, un parque técnico equipado con 93 cámaras, que se ampliará a 400 cámaras para los Juegos Olímpicos. El sistema de videovigilancia dispone de un programa de inteligencia artificial para automatizar la grabación de las infracciones, la identificación de los autores, el envío de las multas…
Pasaportes covid en Italia y Francia, toque de queda nocturno para los no vacunados en Rumanía, donde además se les impide el acceso a establecimientos no esenciales, detenciones en Suiza de hosteleros que se niegan a pedir el pasaporte covid a la clientela (quien tiene prohibido acceder a bares y restaurantes sin vacuna o prueba) y además la policía se adiestra para lo que pueda venir ¿levantamientos por el corte de la cadena de suministros y del presumible apagón venidero? ¿protestas por las medidas represivas? ¿revuelta de muchos vacunados por los terribles efectos secundarios de esa bazofia génica asesina? Esto se pone dramáticamente emocionante.
Fuentes