La represión covidiana no cesa.
El domingo la policía suiza detuvo a los tres propietarios del restaurante Walliserkanne, de Zermatt, por incumplir la orden de cierre emitida por el Consejo de Estado.
A su vez la orden de cierre es consecuencia de su negativa a comprobar los pasaportes de vacunas de sus clientes.
“A pesar de la prevención, el diálogo y los numerosos recordatorios, estos propietarios de restaurantes continuaron sus actividades, ignorando la decisión de cierre y las medidas de protección sanitaria contra la actual pandemia”, dijo la policía cantonal.
Desde que entró en vigor la prórroga del pasaporte de vacunas, la policía cantonal del Valais, en colaboración con la policía regional de Zermatt, inspeccionó el establecimiento en varias ocasiones. Ya lo habían denunciado a la fiscalía por infracción de la Ordenanza Covid.
El sábado la policía llegó a colocar bloques de hormigón frente al restaurante para imponer el cierre del local a la fuerza. A las 16:00 horas se celebró una manifestación de apoyo a los dueños del restaurante. Participaron entre 20 y 30 personas, “sin cometer excesos ni actos de violencia”, dijo Steve Leger, portavoz de la policía cantonal.
Durante el fin de semana, la policía repitió sus controles fuera del restaurante, que volvió a abrir el domingo por la mañana haciendo caso omiso de la orden de cierre. Fue la gota que colmó el vaso para la policía, que procedió a la detención de los trabajadores que había en el establecimiento.
“Se arriesgan a que se les retire la licencia de explotación”, dijo Steve Leger. La fiscalía ha abierto una investigación penal en colaboración con la policía cantonal.
Por otro lado las principales empresas de Alemania están segregando a sus trabajadores, creando comedores para los vacunados y zonas separadas para los no vacunados, que quedan obligados a seguir las órdenes de ponerse la mascarilla y guardar la distancia social.
El gigante farmacéutico Bayer, la empresa energética Eon y la empresa de viajes Alltours están dispuestas a imponer estas nuevas normas, que harán que los no vacunados sean tratados como ciudadanos de segunda clase.
En las zonas 2G reservadas a los vacunados y recuperados, los trabajadores podrán comer juntos en condiciones normales, mientras que los que no están vacunados o no facilitan información sobre su estado de vacunación tienen que seguir sometidos a normas de distancia social, mascarillas y compartimentación durante las comidas (1).
Además, Bayer ha anunciado que sus trabajadores también han empezado a formar grupos de trabajo que “excluyen al personal no vacunado”.
También se ha prohibido la entrada a las personas que visiten los tradicionales mercados navideños de Berlín, si no estén vacunadas.
A pesar de la discriminación, el 90 por ciento de los alemanes que no se han vacunado dicen que no piensan hacerlo en un futuro próximo.
El gobierno alemán ha anunciado que los infractores de las reglas sanitarias serán detenidos y encarcelados en los campos de refugiados que hay repartidos por el país.
A principios de este verano, también se confirmó que a las personas no vacunadas se les negarían actividades básicas, como visitar cines y restaurantes.
El redactor jefe del periódico más importante de Alemania, Bild, escandalizó a algunas personas al pedir disculpas por la cobertura mediática que había llevado a cabo, basada en el miedo al coronavirus, especialmente a los niños a los que se les dijo que podían matar a su abuela su no cumplían las normas y restricciones.
Pero las imposiciones sanitarias sólo se aplican a los pringaos. En una reunión con otros dirigentes mundiales en Roma, Merkel se colocó una mascarilla al salir de su vehículo, para quitársela en cuanto entró en el edificio inmediatamamte después. El teatrillo es sólo para posar ante las cámaras de la televisión y los fotógrafos.
En Inglaterra, el proyecto de ley de seguridad en línea, descrito como una norma jurídica para “combatir el abuso y el odio en internet”, crea un nuevo delito de “comunicación falsa deliberada” que castiga a quienes envíen o publiquen un mensaje que sepan que es falso con la intención de causar daño emocional, psicológico o físico a la audiencia.
Las fuentes gubernamentales han puesto el ejemplo de los antivacunas, que difunden “información falsa, sabiendo que es falsa”, es decir, que pronto veremos juicios contra la conciencia.
Teniendo en cuenta que el gobierno ha considerado falsas todo tipo de informaciones sobre la pandemia, la restricciones y las vacunas que posteriormente se han demostrado ciertas, la perspectiva es escalofriante.
Por ejemplo, las afirmaciones de que las vacunas no son totalmente eficaces para detener la propagación del coronavirus se habrían considerado “falsas”, pero esta postura es ahora un hecho probado.
El proyecto de ley también prevé la sustitución de la actual norma más estricta de contenido “indecente” o “gravemente ofensivo” por la definición mucho más amplia de “efecto perjudicial” para determinar si la difusión de un mensaje es delictiva.
Este enfoque está más en consonancia con las leyes de incitación al odio de Reino Unido, un ariete para dar la puntilla a la libertad de expresión. Se comete una incitación al odio o un incidente de odio no sobre la base de la realidad objetiva del mismo, sino sobre la base de la sensación de la víctima.
“Los nuevos delitos incluirán los llamados ‘pile-ons’, en los que varias personas se unen a otras para enviar mensajes de acoso a una víctima en las redes sociales”, dice el periódico The Times.
Mientras, en Rusia, el presidente del Tribunal Constitucional ruso da la voz de alarma sobre los riesgos de una limitación excesiva de los derechos y libertades constitucionales, especialmente en tiempos de pandemia, el portavoz del Kremlin corta incluso la posibilidad de reflexión al revestirlo como un peligro mortal. Esta retórica es habitual en los países atlantistas y, por tanto, se ha convertido en la norma del discurso interno ruso. Y la distancia entre la radicalización del discurso y su realización crece a cada paso. Para ello, basta con ver el número de establecimientos que permanecen abiertos a pesar de la obligación de cerrarlos. El fanatismo conduce al nihilismo, y Rusia lo está experimentando. Una vez más.
Un interesante intercambio de armas tuvo lugar con motivo del nuevo intento de confinar al país y a la gente “por su propio bien”, “por su propia vida”. No hay tiempo para la reflexión, las élites gobernantes se han lanzado a la oferta mundial y ya no se tolera ningún discurso discrepante, es decir, que plantee la cuestión de la proporcionalidad y la eficacia real de estas medidas para el fin anunciado.
El político comunista Rashkin, que lucha abiertamente contra estos experimentos, acaba de ser detenido por la presunta caza de especies protegidas sin autorización. Las cámaras ya estaban preparadas y las imágenes se difundían sin demora en los medios de comunicación, que repetían a placer. “Ahora ha perdido su reputación”. El Partido Comunista fue llamado a tratar el tema. Está claro que los buenos métodos antiguos no han perdido su brillo, simplemente son cada vez más difíciles de convencer.
El presidente del Tribunal Constitucional publicó un artículo en el que tuvo la temeridad de preocuparse por la desproporcionada vulneración de los derechos constitucionales y las libertades de los ciudadanos bajo la apariencia de una pandemia. Señala que el Estado en Rusia (y no es el único, como demuestra la experiencia) tiene esta penosa tendencia.
La respuesta sale de forma escalofriante y tajante de la boca del portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, mientras Putin promete lealtad covidiana al G20: las medidas liberticidas están justificadas por el peligro para la vida. Si es cierto, según Golikova, que la mortalidad es mayor este año que el anterior y el anterior que hace dos años, esto significa que las medidas adoptadas son, desde el punto de vista sanitario, como mínimo ineficaces, y en el peor de los casos peligrosas.
La radicalización del discurso interno, así como la repetición de las medidas restrictivas, ya no convencen a la población. Se puede obligar a la gente a vacunarse, pero sólo desarrollan más resentimiento contra las autoridades. Se está produciendo una peligrosa división.
Para ilustrar este punto, podemos citar al Defensor del Pueblo empresarial, Boris Titov, que apoya los códigos QR, obviamente por razones de salud, y que declara sin pestañear que ahora es una buena idea. Este verano, los códigos QR provocaron una pérdida del 80 por ciento a los negocios, pero ahora será diferente, porque hay más gente vacunada. Cree en él, lo quiere.
Estas élites no viven en el mundo real, viven en un mundo deseado.
Los teatros se ven obligados a cancelar funciones porque las entradas codificadas no se venden, y en general han informado de un aumento de las cancelaciones y una disminución de las ventas. En varias regiones de Rusia se están presentando miles de recursos individuales y colectivos ante la fiscalía contra los decretos locales que imponen los códigos QR; en San Petersburgo se están formando grupos de ciudadanos contra los códigos QR. Evidentemente, y en contra de la opinión de Titov, el porcentaje de personas vacunadas no es la razón del fracaso de los códigos QR este verano.
Por su parte, Rospotrebnadzor, que debe velar por el cierre de los establecimientos durante el confinamiento, no sabe a quién recurrir y se dedica a amenazar a los establecimientos con 3 meses de cierre por haber permanecido completamente abiertos, sin siquiera esconderse. En Moscú, se trata de salones de belleza, grandes cadenas de tiendas de cosmética, salones de telefonía móvil, grandes centros comerciales, tiendas de licores, tiendas de descuento, tiendas de herramientas, etc. Esto no ocurrió durante los últimos cierres.
Por no hablar del creciente número de establecimientos ilegales. Un ejemplo de San Petersburgo. Un colega magistrado llegó a un acto oficial el sábado por la mañana en tren nocturno y, obviamente, encontró todo cerrado. Pero tenía que comer. No muy lejos de la estación, encuentra un restaurante, oficialmente sólo para llevar, por supuesto. Cuando pregunta si puede comer dentro, el camarero duda, le mira, le prueba… le pregunta si puede pagar en efectivo. Cuando ella acepta, él abre una puerta que conduce a una habitación oculta… llena de gente comiendo. Asimismo, por la noche, en la avenida Nevsky, varias personas le ofrecen acceso a bares clandestinos abiertos hasta las 7 de la mañana. Si los establecimientos clandestinos siempre han funcionado durante las distintas restricciones, cada vez se presentan más abiertamente.
Este discurso radicalizado y la propaganda infantil sólo pueden convencer a los convencidos, lo que es extremadamente peligroso para la estabilidad del país. Es cierto que, formalmente, las medidas se adoptan a nivel local, pero el discurso tanto del presidente como de las élites gobernantes está tan radicalizado que les será casi imposible recuperar la confianza de la población, si en algún momento su instinto de supervivencia se despierta y deciden dar marcha atrás por completo. Además, al arremeter de forma tan ridícula contra un comunista elegido, en realidad están creando verdaderas figuras políticas alternativas, a diferencia de Navalny y compañía. Este confinamiento ha sido un paso más, que corre el riesgo de desacreditar profundamente a las autoridades.
Australia padece el más brutal ataque a los derechos y libertades fundamentales que ha conocido desde su nacimiento como Estado independiente. Es una sociedad fantasmal. No hay bodas. No hay servicios religiosos. Las mascarillas son obligatorias en todas partes para todos.
Las ciudades están completamente confinadas y sometidas a los toques de queda. No es posible viajar de un estado a otro, y mucho menos salir del país. Ni siquiera es posible alejarse más de cinco kilómetros de la casa de cada cual. No se pude salir después de las 9 de la noche o antes de las 5 de la mañana.
El ejército ha desplegado controles de las carreteras para comprobar la documentación de los viajeros y si se han vacunado. La policía irrumpe en los comercios no autorizados y multa a los propietarios, o va de puerta en puerta para asegurarse de que no hay nadie.
A las personas no vacunadas se les dice que no salgan de sus casas. A los que dan positivo en las pruebas de coronavirus les ocurre todo lo contrario: se les obliga a salir de sus casas para recluirse en “hoteles de cuarentena”. No saben cuándo podrán regresar con su familia.
El gobierno recomienda no hablar con los vecinos, no ir de compras, no hacer pedidos por internet y no quitarse las mascarillas, ni siquiera para beber un trago de agua.
La policía reúne a miles de niños en los estadios, sin sus padres, para realizar vacunaciones masivas “voluntarias”.
Los avisos del gobierno se clavan en las puertas de las casas de los que quedan aislados en cuarentena. Las manifestaciones no autorizadas están prohibidas, y si organizas una te arriesgas a una condena de 8 meses de cárcel.
No hay delirio en el que el gobierno australiano no haya incurrido, y cada día la televisión tiene que poner a un “experto” delante de las cámaras para que invente algún pretexto sanitario, que suenan ya absolutamente grotescos. Ha llegado la nueva normalidad.
“Tendremos que seguir viviendo con alguna medida de restricción”, dicen, a pesar de que más del 80 por ciento de la población esté totalmente vacunada. Aunque no haya ningún “caso positivo”, hay que preservar las mascarillas y la distancia social.
Ahora los “expertos” han cambiado de criterio. Dicen que los “hoteles de cuarentena” han sido ineficaces, por lo que están construyendo “campos de coronavirus”. No son temporales y no los llaman “campamentos” sino “centros internamiento”. Ya hay uno en los Territorios del Norte, se está construyendo otro en Melbourne y se acaba de aprobar la construcción de un tercero en Brisbane. Para subrayar que estas normas no son temporales, estos campos no comenzarán a estar operativos hasta el año que viene.
Por ahora, estos “centros de internamiento” están reservados a los viajeros que regresan, que deben someterse a una cuarentena supervisada obligatoria. Pero no es difícil que se conviertan en instalaciones casi permanentes para encerrar a los no vacunados.
El inicio de la revuelta
Pero los australianos han llegando al límite de lo que son capaces de soportar. El 24 de julio, Día Mundial de la Libertad, un gran número de personas salió a la calle a protestar y el pasado fin de semana se produjeron manifestaciones aún mayores en Melbourne, Brisbane y Sídney.
Las protestas públicas son la clave para ganar esta batalla. La negativa a cumplir con las restricciones funciona. El simple hecho de negarse a hacer lo que pretenden imponer, de manera masiva, es invencible. A las personas que tienen que acatar las normas por miedo y por presiones les muestra que no están solas.
Por eso los principales medios de comunicación se esfuerzan por desacreditar las movilizaciones con toda clase de adjetivos, especialmente el de “violentos”. Enumeran el número de policías heridos y no hacen referencia a los manifestantes heridos. Detallan el número de detenciones, manteniendo el anonimato para no humanizar a ningún disidente.
La policía australiana ha enviado cartas amenazantes a periodistas independientes, ha embestido a los manifestantes con sus coches, les han pisado la cabeza, les han rociado con gas pimienta y les han realizado maniobras de asfixia.
En Melbourne 1.500 policías salieron a la calle con equipo antidisturbios, levantaron barricadas por las calles, dispararon balas de goma contra la multitud y rociaron con gas pimienta a los manifestantes.
Huelga de los trabajadores del transporte
El movimiento de protesta es imparable y hay varias luchas en marcha. Los camioneros australianos, muy afectados por el confinamiento, planean una huelga a gran escala para el 31 de agosto y aconsejan comprar provisiones (*).
Un conductor dijo en un vídeo que los camioneros pretenden “quitar al gobierno de mierda”. Estoy dispuesto a ir a la cárcel para salvar a mi país y a mis hijos, añadió.
Las cadenas de suministro pronto se verán interrumpidas y los camioneros instan a los australianos a abastecerse de víveres para pasar las próximas dos semanas.
Los camioneros de todo el mundo han publicado en internet consejos para impedir que la policía pueda remolcar los vehículos y sacarlos de las autopistas.
Los huelguistas han abierto una página para apoyar económicamente la lucha, que ha sido censurada después de recaudar casi 4.000 dólares para la caja de resistencia.
No es la primera vez que los camioneros australianos bloquean las carreteras para protestar contra las restricciones sanitarias. El mes pasado, varios conductores protestaron por el cierre temporal de una obra en construcción en Sidney aparcando sus vehículos en la autopista y haciendo sonar sus bocinas.
En este mismo contexto represivo, la ciudad australiana de Melbourne alcanzó anoche (3 de noviembre de 2021) un total de 275 días de confinamiento, superando de este modo a la capital de Argentina, Buenos Aires, como la población que más tiempo ha pasado en arresto domiciliario.
Desde el inicio de la pandemia, Melbourne, una de las ciudades más pobladas de Australia, ha vivido seis confinamientos, el más largo de los cuales duró 111 días.
Previamente, el récord pertenecía a Buenos Aires que pasó 234 días en confinamiento desde el 20 de marzo al 11 de noviembre de 2020 y 10 días más entre el 21 y el 31 de mayo de 2021, acumulando un total de 244 días.
Esta vez, Melbourne podría establecer un nuevo récord difícil de superar ya que, según detallan los medios, el plan de vacunación presupone que el estado de Victoria alcanzaría su objetivo del 70 por ciento de población vacunada el pasado 26 de octubre, lo que no ha sucedido.
Las ciudades de Australia repetidamente se han convertido en escenarios de manifestaciones con miles de ciudadanos que salieron a la calle para protestar contra las restricciones impuestas.
No obstante, las autoridades australianas tienen previsto recurrir a más confinamientos para “hacer frente al coronavirus”, y, en particular, a la “cepa delta”, hasta que el país llegue al 80 por ciento de población vacunada. Hasta la fecha, en Australia el 56,5 por ciento de la población mayor de 16 años está vacunada por completo, mientras que el 79,4 por ciento de los ciudadanos adultos recibieron al menos una dosis de las vacunas contra el coronavirus. Para que la vacunación avance el ejército ha anunciado que, en la ciudad de Perth, irá puerta por puerta a vacunar a los aun no vacunados, deteniendo a quien se niegue (2).
Francia e Italia, continúan, entre protestas, aplicando el pasaporte covid, con despidos y detenciones en las numerosísismas manifestaciones. Lo que está claro es que como la represión no afloja, la protesta tampoco.
Notas
(1) https://www.thelocal.de/20211101/several-german-companies-planning-vaccine-only-office-canteens/
(2) 7news
Fuentes
7news