El Foro Económico Mundial promueve la “Coalición Global para la Seguridad Digital”. (Global Coalition for Digital Safety). A medida que la eficacia y los peligros para la salud de las vacunas contra el SARS-COV2 en fase experimental se discuten cada vez más en las redes sociales de todo el mundo, el Foro de Davos pasa a la ofensiva en un intento de coordinar la censura de los gobiernos y las grandes plataformas tecnológicas. Este endurecimiento es, por supuesto, una señal de pánico, pero, dada la dispersión de las fuerzas de la libertad, también podría significar el advenimiento de un mundo en el que tengamos que elegir entre el neofascismo al estilo de Davos y el neomaoísmo de la China continental.
¿Qué es lo que hay de común entre Anna Bergström, directora general de Netclean, Dame Melanie Dawes, directora ejecutiva de Ofcom, Iain Drennan, director ejecutivo de la WeProtect Global Alliance, Mykhailo Fedorov, Viceprimer ministro de Ucrania, Julie Inman Grant, comisaria australiana de seguridad digital, Courtney Gregoire, directora de seguridad digital de microsoft, Tan Kiat How, ministro de Comunicaciones, Información y Desarrollo Nacional de Singapur, Maggie Louie, Fundadora y Directora General de Otto, Victoria Nash, Profesora Asociada y directora del Oxford Internet Institute, Susan Ness, Miembro Distinguido del German Marshall Fund de Estados Unidos, Zunaid Ahmed Palak, Ministro de Tecnología de la Información y la Comunicación de Bangladesh, Charlotte Petri Gornitzka, directora de asociaciones de UNICEF, Johnny G. Plate, Ministro de Comunicación e Información de la República de Indonesia, Chris Priebe, fundador y director general de Two Hat Security, Joanna Rubinstein, ex presidenta de la Fundación Mundial de la Infancia,? Son los coordinadores -y la cara agradable y políticamente correcta- de una Coalición Mundial para la Seguridad Digital creada por el Foro Económico Mundial (FEM).
El infierno está pavimentado con buenas intenciones
En el sitio web del FEM, leemos estas líneas, firmadas por Courtney Gregoire:
“La tecnología ofrece herramientas para aprender, jugar, conectarse y contribuir a resolver algunos de los mayores retos del mundo. Pero las amenazas a la seguridad digital son muchas. Con el Foro Económico Mundial en una posición única para acelerar la colaboración público-privada necesaria para avanzar en la seguridad digital a nivel mundial, Microsoft espera participar y contribuir al desarrollo de soluciones de toda la sociedad para este problema de la sociedad en su conjunto.”
Estos términos no vinculantes oculta, de hecho, un deseo de control global de la información, como lo expresa el Foro Económico Mundial sobre las vacunas COVID 19. Leamos, por ejemplo, este extracto de otro artículo publicado en el sitio web del FEM:
“Uno de los principales retos de la seguridad en línea es la proliferación de la desinformación en materia de salud, sobre todo en relación con las vacunas. Las investigaciones han demostrado que un pequeño número de personas influyentes son responsables de la mayoría de los contenidos antivacunas en las plataformas sociales. Este contenido parece llegar a una amplia audiencia. Por ejemplo, un estudio del King’s College de Londres descubrió que una de cada tres personas en el Reino Unido (34%) dice haber visto o escuchado mensajes que desaconsejan al público vacunarse contra el coronavirus. El impacto de estos mensajes en el mundo real es cada vez más claro.
La investigación también ha demostrado que la exposición a la desinformación se asocia con una menor intención de vacunarse. De hecho, las informaciones erróneas basadas en la ciencia están más fuertemente asociadas a una disminución de la intención de vacunar. Un estudio reciente llevado a cabo por la Unidad de Investigación del Comportamiento del Instituto de Investigación Económica y Social (ESRI) descubrió que las personas que son menos propensas a seguir la cobertura de los medios de comunicación sobre COVID-19 son más propensas a ser reacias a vacunarse. A la vista de estos resultados, está claro que el ecosistema de los medios de comunicación tiene un importante papel que desempeñar para combatir la desinformación y llegar al público con el fin de mejorar los conocimientos sobre la vacuna.”
“La élite global” se ha convertido en la principal fuente de teorías conspirativas
En la página web del Foro Económico Mundial también se hace referencia a un estudio del Center for Countering Digital Hate, en el que se afirma que las críticas a las vacunas desarrolladas contra COVID 19 son obra de no más de una docena de influencers en las redes sociales:
“Sólo 12 personas están detrás de casi dos tercios de los contenidos antivacunas que circulan por las plataformas de las redes sociales. Este nuevo análisis de los contenidos publicados o compartidos en las redes sociales más de 812.000 veces entre febrero y marzo revela cómo un pequeño grupo de decididos antivacunas es responsable de una oleada de desinformación, y muestra cómo las plataformas pueden remediar esro haciendo cumplir sus normas.”
¡Difícilmente se puede imaginar una teoría de la conspiración más descarada! Como si no hubiera miles de terapeutas en todo el mundo que rechazan la vacunación, incluso médicos cuyo juramento hipocrático les lleva a recomendar precaución ante las vacunas experimentales. Incluso muchas veces hasta la ley está del lado de los que dicen que ninguna vacunación obligatoria es legal mientras las vacunas estén todavía en fase experimental.
Incluso la página web de la Agencia Europea del Medicamento enumera un número preocupante de muertes (15.000) y de secuelas graves (1.500.000) tras la vacunación contra el COVID. Incluso la base de datos pública Transparence Santé permite ver que los 100 firmantes de la plataforma del Journal du Dimanche a favor de la vacunación generalizada suman 8,8 millones de intereses vinculados a la industria farmacéutica.
Pero, ¿Klaus Schwab y su red son capaces de considerar que un punto de vista diferente al de ellos revela algo más que una conspiración contra su pretensión de hacer el bien al planeta?
La convergencia de neofascistas y neomaoístas en el Foro Económico Mundial
Eric Verhaeghe, ha publicado un Diccionario del Gran Reinicio. También existe el notable estudio de Joel Kotkin, The Rise of Corporate-State tyranny, (el advenimiento de la tiranía del estado aliado a las grandes empresas) en el que este académico californiano describe el advenimiento de un verdadero neofascismo en Occidente:
“Se está produciendo una convergencia entre las dos superpotencias mundiales. En Estados Unidos, a medida que la propiedad y el poder se consolidan, […] la autocracia se desarrolla de forma natural. Este poderoso frente consiste en una nueva alianza entre las grandes empresas, Wall Street y la clericatura progresista del gobierno y los medios de comunicación.
Su programa contempla varios objetivos. Por parte de las empresas, asistimos a la aparición de un capitalismo “de partes interesadas”, que abraza implícitamente las prioridades del Estado y las de los progresistas en general, como medio de complacer a los reguladores, a los más despiertos entre sus empleadores y, en cierta medida, a su propia conciencia.
En esto, se asemejan a las empresas de los estados autoritarios -como la Italia de Mussolini, la Alemania de Hitler y la China actual-, donde la acumulación de capital privado está permitida, pero donde la disidencia en relación a las normas convenidas de la academia de los medios de comunicación y del gobierno, que antes era un privilegio de los individuos y las empresas, está ahora ampliamente prohibida.”
El fascismo de entreguerras, nacido en la Italia de Mussolini y llevado a su máxima nocividad en la Alemania de Hitler, se hundió en la fascinación por el aventurerismo militar y la revancha de la Primera Guerra Mundial y su “victoria robada”. El neofascismo, que pone el Estado al servicio de las grandes empresas y se financia con moneda fiduciaria llevada al extremo, no comete los mismos errores: se presenta como pacífico, inclusivo y antirracista, y su fascinación por la eugenesia se adorna con las mejores galas de la elección individual transhumanista, mientras que el componente ecologista, una faceta poco conocida del Tercer Reich, recibe un énfasis más que suficiente. Jonah Goldberg propuso un panorama extraordinario en un libro titulado Liberal Fascism, publicado en enero de 2008.
Este neofascismo necesita el control de la información. Y lo confía a las grandes empresas tecnológicas. En el Foro de Davos, como ha demostrado John Laughland, esta élite neofascista occidental se encuentra con la élite neomaoísta de la China de Xi Jingping. A menudo se ignora que el Foro de Davos lleva años celebrando una sesión anual en Pekín.
Frente a la convergencia de los dos neototalitarismos, las fuerzas de la libertad están dispersas, mal organizadas y a menudo son ingenuas sobre la determinación y la peligrosidad de sus adversarios. Una muestra de esto, que también refleja el poder del Foro de Davos sobre los estados es que el Parlamento Europeo ha aprobado la ley Chatcontrol, la monitorización masiva de mensajería y email.
Por 537 votos a favor, se ha aprobado en el Parlamento Europeo la derogación de ePrivacy y la instauración de Chatcontrol, lo que supone la monitorización masiva de comunicaciones electrónicas de mensajería instantánea y correo electrónico que permitirá acceder a los contenidos de las comunicaciones electrónicas.
Desde la UE se pretende con esta iniciativa obligar a las plataformas electrónicas, desde Gmail a WhatsApp y similares, a instalar en sus herramientas una “puerta trasera” que, en caso de necesidad decretado por las autoridades, permita acceder a los contenidos de la comunicaciones privadas de sus usuarios. Esta medida va dirigida en principio a combatir la pornografía infantil, pero es indudable que tendrá más ramificaciones en un futuro.
Chatcontrol permitirá a los proveedores de servicios de comunicación electrónica efectuar búsquedas en los mensajes que sean susceptibles de presentar contenidos sospechosos, reportándolo a las autoridades policiales.
Ley de seguridad
Esta ley se suma a las implementadas en la gran mayoría de países democráticos, conocidas como “leyes de seguridad” – en algunos casos ya existentes y ahora reformadas, en otras recién instaladas – que dan poder absoluto a los gobiernos. En España, esta ley existente desde hace mucho tiempo, se quiere reformar para incluir en ellas las pandemias, colocadas al mismo nivel que las guerras, motivo para aplicar las medidas de excepción contempladas en esta ley.
Lo mismo que las guerras, las pandemias no existen ni dejan de existir: se declaran y existen desde ese momento, como guerras y como estados de guerra, por más que recurran a eufemismos como “crisis”. No es de extrañar, pues, que el gobierno del PSOE y Podemos prepare una reforma de la Ley de Seguridad Nacional para incluir las pandemias dentro de la ley marcial. Una pandemia es una “crisis de seguridad”, en una terminología importada de Estados Unidos literalmente y derivada de la ley franquista de movilización nacional.
La nueva ley habla de “estado de crisis” o “situación de interés para la Seguridad Nacional” porque su declaración interesa al ejército bajo la dirección del Consejo de Seguridad Nacional. Esas “crisis” legalizan los golpes de Estado sanitarios para permitir todo tipo de actuaciones represivas, como la realización de las “prestaciones personales” que les exijan las autoridades competentes, el cumplimiento de las órdenes que les impartan, la requisa de todo tipo de bienes y a la suspensión “de todo tipo de actividades”.
El año pasado durante la Operación Balmis, el ejército español desplegó 187.000 tropas, participó en las ruedas de prensa, en controles de carreteras, en las operaciones de rastreo, en los asilos de ancianos, en fumigaciones por las calles y en más de 20.000 acciones.
En un mundo fascistizado, cualquier siatuación es una “crisis”, no sólo las pandemias, sino también las medioambientales, económicas o informáticas. Las obligaciones atañen no solo a todos los ciudadanos sino también a las empresas y entidades jurídicas porque el artículo 30 de la Constitución ordena a los españoles que defiendan a España, algo que si bien hasta hace poco se entendía referido a un enemigo exterior, ahora incluye sobre todo al interior.
El artículo 30 de la Constitución permite que mediante una ley se regulen los deberes de los ciudadanos en los casos de “grave riesgo, catástrofe o calamidad pública”, es decir, un cheque en blanco que ahora el gobierno del PSOE y Podemos quiere imponer.
Una de las obligaciones va dirigida a los medios de comunicación, que deben dejar e cumplir con su función para pasar a colaborar en la difusión de informaciones de carácter preventivo u operativo. El sistema de seguridad nacional y, por lo tato, las pandemias y demás crisis, quedan fuera del derecho de acceso a la información pública, es decir, pasan a formar parte de los secretos oficiales.
Durante la pandemia, el gobierno no recurrió a la declaración de “situación de interés para la Seguridad Nacional”, sino al estado de alarma. A partir de ahora ya no lo necesitarán porque bastará con que el Presidente del Gobierno firme un decreto.
El anteproyecto fue visto en primera lectura por el Consejo de Ministros el pasado 22 de junio y está pendiente de aprobación definitiva para su remisión al Congreso.
Esta reforma de la ley establece que toda persona mayor de edad estará obligada a la realización de las “prestaciones personales” que exijan las autoridades competentes, siguiendo las directrices del Consejo de Seguridad Nacional, cuando se declare en España un estado de crisis. En este supuesto, todos los ciudadanos sin excepción deberán cumplir las órdenes e instrucciones que impartan las autoridades.
Así lo establece esta reforma de la Ley de Seguridad Nacional que prepara el Gobierno.
En el supuesto de que en España se declarase un estado de crisis (“situación de interés para la Seguridad Nacional” es la denominación que le da la ley), las autoridades también podrán proceder a la requisa temporal de todo tipo de bienes, a la intervención u ocupación provisional de los que sean necesarios o a la suspensión de todo tipo de actividades. Quienes sufran perjuicios económicos por la requisa de sus bienes o la interrupción de su actividad tendrán derecho a ser indemnizados. En sus primeras redacciones, la ley excluye el pago de indemnización a quienes sean obligados a realizar una prestación personal.
Aunque el anteproyecto no lo especifica, se supone que las prestaciones personales y la requisa de material estarán relacionados con el tipo de crisis de que se trate, ya sea de carácter sanitario, medioambiental, económico, financiero, etcétera. Lo que sí deja claro el articulado es que las medidas que se adopten serán graduales y proporcionadas a la situación que haya que afrontar y se limitarán al tiempo estrictamente necesario para superar la situación de crisis.
El deber atañe no solo a todos los ciudadanos sino también a las empresas y entidades jurídicas para que colaboren con las autoridades a la superación de la crisis, mediante una prestación de carácter personal o material. El texto se basa en el artículo 30 de la Constitución, según el cual “los españoles tienen el deber y derecho de defender a España”.
Es el mismo artículo que regula el servicio militar obligatorio (suspendido en España desde el año 2001), aunque no se remite a su apartado 2º, que consagra las “obligaciones militares de los españoles”, sino al 4º, según el cual, “mediante ley, podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública”, una previsión constitucional cuyo desarrollo permanecía hasta ahora inédito.
Aunque prevé la imposición de prestaciones personales y materiales, la ley de Seguridad Nacional es ordinaria, a diferencia de la del Servicio Militar de 1991, que era orgánica; lo que puede plantear problemas jurídicos pues solo las leyes orgánicas pueden afectar a derechos fundamentales. Además, la declaración de una situación como “de interés para la Seguridad Nacional” (es decir, estado de crisis), mediante real decreto, corresponde en exclusiva al presidente del Gobierno y no al Congreso, aunque las Cortes deben ser informadas inmediatamente de las medidas adoptadas.
Durante la pandemia, el Gobierno no ha recurrido a la declaración de “situación de interés para la Seguridad Nacional”, sino al estado de alarma, regulado por una ley de 1981. Sin embargo, con la reforma que ahora se ultima, la ley de Seguridad Nacional le podría resultar más idónea. Entre otras novedades, el anteproyecto incluye la obligación de los medios de comunicación de colaborar con las autoridades competentes en la difusión de informaciones de carácter preventivo u operativo. Durante la pandemia los medios de comunicación han sido subvencionados con 200 millones de euros para reproducir las consignas del gobierno -además de coincidir con las de sus propietarios, los grandes fondos de inversión en cuyas manos están las deudas de los gobiernos -, ahora lo harán gratis por ley.
Lo más importante, sin embargo, es que incorpora “medidas para evitar que se repitan situaciones de desabastecimiento de productos y bienes críticos para afrontar una crisis”.
El anteproyecto fue visto, como ya se ha indicado, en primera lectura por el Consejo de Ministros el pasado 22 de junio y está pendiente de aprobación definitiva para su remisión al Congreso, aunque ya se ha informado de su contenido a las comunidades autónomas y a algunos grupos parlamentarios.
Su elaboración responde al mandato contenido en una disposición de la Ley de Seguridad Nacional de 2015, que daba al Gobierno un plazo de un año, obviamente incumplido, para enviar a las Cortes un “proyecto de ley reguladora de la preparación y disposición de recursos a la Seguridad Nacional”. En vez de elaborar esta nueva norma, el Gobierno ha preferido reformar la ley vigente. Cuestiones de comodidad.
El Consejo de Seguridad Nacional elaborará y actualizará un catálogo de recursos humanos y materiales, de propiedad pública o privada, que puedan ser útiles en “caso de crisis”. El catálogo lo aprobará el Consejo de Ministros y contará con las aportaciones de comunidades autónomas y entes locales. Se aprobarán planes de preparación y disposición de los recursos incluidos en el catálogo y se harán ejercicios para comprobar su disponibilidad.
Otros países (como Francia desde hace un año, donde se registraron numerosas protestas y disturbios tras aprobar las nuevas legislaciones) ya tienen sus nuevas leyes de seguridad. El Gran Hermano tecnológico privado te vigila y el monopolio de la violencia estatal te impone por la fuerza lo que el gran capitalismo transhumanista y transnacional, controlado y dirigido por los más poderosos de la tierra, ordena.
Fuentes
verdadypaciencia.com
mpr21.info
El país
Ciudadanos por la verdad